CCOO presenta una querella criminal por las torturas del franquismo a sus fundadores valencianos

Torturas como descargas eléctricas mientras estaban atados a un cama metálica, son el objeto de la querella criminal que ha presentado el sindicato CCOO PV contra los responsables del franquismo que les aplicó la Brigada Político Social a los 11 fundadores de la formación en el País Valenciano. Se trata de sumarios que se remontan a los años 1968 y 1970, y por los que CCOO PV se presenta como acusación particular y acusación popular junto a los querellantes “contra las personas responsables de conductas susceptibles de ser tipificadas como crímenes de lesa humanidad y delitos de torturas”. Además la acusación es respaldada por la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina del País Valenciano.

Ha sido el secretario general de CCOO PV, Arturo León, quien ha presentado la querella en la sede del sindicato, presentación que también ha contado con la participación de Llum Quiñonero, presidenta de la asociación Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme-Plataforma de Suport a la Querella Argentina del PV; Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática; y los testimonios de dos de los querellantes, César Llorca y Ángel Ramón García Aparicio. 

El primer sumario alude a los hechos ocurridos en noviembre de 1968, por el que fueron detenidos 36 trabajadores. En los registros, detenciones, interrogatorios y torturas a las que fueron sometidos participaron 23 miembros de la Brigada Político Social de Valencia y Sagunt. Tras su ingreso en prisión, los detenidos fueron procesados por la Jurisdicción Militar y acusados de un supuesto delito de rebelión militar. 19 de ellos denunciaron desde la cárcel en cartas manuscritas dirigidas al titular del Juzgado Militar las torturas de las que habían sido objeto. 

El segundo sumario se sitúa en octubre de 1970, cuando la Brigada Político Social desató una nueva operación contra las CCOO, en este caso contra 16 trabajadores de distintas empresas del metal (como MACOSA, Elcano, Unión Naval de Levante), entre los que se encontraban una mujer y dos sacerdotes. Se les detuvo a punta de pistola a la salida de una reunión en las Escuelas de San José para debatir el convenio del metal. “Un repaso a la tabla salarial de este convenio muestra el compromiso de estos hombres y mujeres, que se jugaban el despido y su libertad por el aumento de unos céntimos y unos días de vacaciones”, se señala desde CCOO, que añaden “evidencia también la mezquindad empresarial y la brutalidad policial”. Cabe destacar la movilización de muchas comunidades cristianas, que celebraron asambleas en parroquias y centros de trabajo denunciando la represión y pidiendo la libertad de los detenidos. 

Arturo León, secretario general de CCOO PV, ha afirmado que “es imprescindible que la memoria histórica democrática haga visibles las conductas contrarias a los derechos humanos y se reconozca la contribución de las personas que durante esa época padecieron la represión laboral, sindical y política. Fueron despedidas, sancionadas, incluidas en listas negras, torturadas, encarceladas y exiliadas por defender salarios más justos y condiciones dignas de trabajo, por defender el derecho de asociación, de reunión, de huelga. En definitiva, por contribuir con convicción y dignidad a la consecución en nuestro país de las libertades públicas y los derechos sociales”. 

Por su parte Llum Quiñonero, presidenta de la asociación Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme-Plataforma de Suport a la Querella Argentina del PV, ha agradecido la decisión de Comisiones Obreras “que ha metido el dedo en la llaga, al querellarse por los delitos de lesa humanidad que supusieron la persecución contra quienes luchaban por la democracia y los derechos humanos. Quiñonero ha reclamado al Estado español ”que no se haga invisible“, y atienda los derechos de reparación pendientes con las víctimas represaliadas y sus familias, con todas las personas que han fallecido y las que seguimos reclamando justicia. ”Necesitamos cambios fundamentales en la legislación y que la judicatura deje de desestimar querellas y asuma el mandato del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La impunidad contra el Franquismo debe acabar“.

Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, ha reiterado la demanda de “Justicia, memoria y reparación”, pendientes desde hace 45 años, en lo que ha calificado de una anomalía democrática, que condecora y deja en la impunidad a torturadores reconocidos. Pérez ha agradecido emocionada la lucha de quienes profundizaron nuestra democracia, que reconoce como referentes y ha advertido del riesgo de dar por seguros derechos que costaron tanto y que pueden dar marcha atrás. “Necesitamos continuar en esa senda y dejar atrás políticas de desmemoria histórica”. Como consellera todo el reconocimiento y el apoyo a las víctimas, el empeño desde las instituciones en una democracia más fuerte y la esperanza de que la querella tenga recorrido, porque los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir“.

Los fundadores de CCOO PV, torturados por la Brigada Político Social, afirman que “mantienen intacta la inquietud ante los abusos, el espíritu de rebeldía y la responsabilidad colectiva”. César Llorca Tello y Ángel Ramón García Aparicio han reiterado que el objetivo de las detenciones, la brutalidad y las torturas no era tanto informativo como de infundir miedo a los trabajadores, y dejar claro quien mandaba. “Volvería ha hacer lo mismo” han aseverado, para ellos CCOO fue decisivo entonces y sigue siéndolo hoy, porque persiste la vulnerabilidad de la clase trabajadora individualizada.

Los torturados defienen a la Brigada Político social de València como “una banda de sádicos que disfrutaban golpeándonos entre diez o doce y dándonos corrientes eléctricas, durante 90 horas… porque éramos de CCOO y defendíamos a los trabajadores”. Ambos han destacado la movilización de las mujeres, madres y hermanas, que se entrevistaron con el capitán general de la III Región Militar y con miembros de la jerarquía eclesiástica, “que no rezaron ni un Padrenuestro por nosotros” y dirigieron escritos a Colegios de Abogados y a diferentes instancias internacionales, en los que denunciaban la brutalidad policial. “Esperamos que haya justicia, una sentencia favorable, el reconocimiento de que hemos sido torturados y que hay que condenar a los torturadores y que se reconozca que por defender a los trabajadores y fundar un sindicato acarreó persecuciones y condenas por el Tribunal de Orden Público”, concluyen.