La condonación de la deuda histórica aliviaría en más de 40.000 millones las arcas valencianas

La condonación de la deuda histórica supondría un balón de oxígeno para las arcas de la Generalitat Valenciana. El modelo de financiación, que fue ignorado durante la campaña electoral y el último año de la legislatura, resucita ahora como prioridad política por los equilibrios necesarios para la investidura del presidente del Gobierno. La aritmética del Congreso hace que el candidato que desee gobernar requiera del apoyo de partidos nacionalistas y autonomistas, que exigen una compensación por las políticas centralistas que agravian a los territorios. La primera, por la infrafinanciación de las comunidades autónomas, un problema estructural que se ceba con la Comunitat Valenciana, la más perjudicada según todos los informes.

La Comunitat Valenciana tiene una deuda superior a los 55.000 millones de euros; es la comunidad más endeudada del Estado español. Debe al Gobierno central 46.000 millones de euros, el 83% del total, en concepto del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un instrumento financiero que implica un préstamo del Gobierno central al autonómico para sufragar los servicios públicos esenciales. El fondo, creado por el exministro popular Cristóbal Montoro, cubre de manera extraordinaria aquellos servicios que, de forma ordinaria, el Ejecutivo autonómico no puede sufragar. Es un parche que permite a las comunidades tener liquidez a costa de endeudarse.

Sobre la mesa de negociación hay varias cuestiones. Una moción en el Parlament de Catalunya realizada por Junts y apoyada por ERC plantea una condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), propuesta similar a la que llevan los socialistas catalanes, que sería especialmente beneficiosa para la Comunitat Valenciana, Murcia, Cataluña y Andalucía. Las tres primeras tienen una deuda con el Estado superior al 80% del total, mientras que los andaluces rozan el 70%; en conjunto, son más de 150.000 millones de euros de deuda. Sumar lleva en su programa la “reforma inmediata del sistema de financiación autonómica que atienda a criterios poblacionales y de prestación de los servicios públicos y desarrollo competencial, para acabar con la infrafinanciación valenciana”, unas medidas que incluyen la “condonación de la deuda histórica de la Generalitat Valenciana fruto de la infrafinanciación cronificada” y un fondo de nivelación para los territorios peor financiados. Los diputados de Compromís-Sumar condicionan su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a esta cuestión.

El PSOE lleva en su programa electoral el impulso a “un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad, tanto los que son la base del Estado del bienestar -la sanidad, la educación o la dependencia-, como otros igualmente imprescindibles de cara al progreso y dinamismo económico y social”. La ministra de Hacienda en funciones, Maria Jesús Montero, ha asegurado esta semana que la reforma del sistema es “una urgencia” y coloca esta negociación en el centro de la agenda.

Los distintos informes sobre la financiación autonómica que se han realizado en el último lustro achacan a la falta de recursos entre un 70% y un 78% de la deuda total de la Comunitat Valenciana. Entre ellos, el del grupo de expertos en financiación autonómica designado por las Corts Valencianes, del que forma parte Eusebio Monzó, actual número dos de la Conselleria de Hacienda, nombrado por el PP. Desde Presidencia de la Generalitat Valenciana aún no se ha dado una respuesta clara sobre esta cuestión. El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha reivindicado la reforma del sistema y una “compensación” por el mal trato de la última década, pero evita hablar de quita o condonación, una medida que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso -uno de los que menos deuda tiene en comparación con su PIB- amenaza con recurrir ante los tribunales. “Esto no es una rabieta de cuatro valencianos que se han levantado ahora”, indicó Mazón el pasado lunes, para recalcar que la “excepcionalidad” valenciana está “avalada, acreditada y estudiada”. “Tiene que haber un concepto de compensación por estos años tan lamentables”, dijo el presidente, para acto seguido rechazar “pactos en el cuarto oscuro del separatismo” y la “excepcionalidad separatista”.

Ante la falta de concreción, los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, exigen al Consell de PP y Vox que se posicionen sobre esta cuestión con varias mociones en las Corts Valencianes. Antes de la entrada de Vox en el parlamento valenciano, se aprobó por unanimidad una petición de reforma del sistema y una compensación por el trato injusto. De conseguir una condonación de la deuda, la Generalitat Valenciana dejaría de deber 44.000 millones de euros.