El colectivo Forn de Barraca denuncia un “desproporcionado” operativo para el desalojo que dejó seis heridos

Una semana después del desalojo que llevó a cabo por la fuerza la Guardia Civil en el Forn de Barraca para ejecutar la demolición del inmueble centenario y dar continuidad a las obras de ampliación de la V-21, el colectivo ha hecho este viernes una valoración de los hechos y ha anunciado nuevas movilizaciones encaminadas a reivindicar la protección de la huerta.

Según Andrés Igual, uno de los portavoces de la plataforma 'Forn de Barraca', la operación llevada a cabo para desalojar la alquería fue “desproporcionada por los medios empleados y por las formas”.

Y es que, ha asegurado que intervinieron 100 agentes de la Guardia Civil, 20 vehículos y un helicóptero para desalojar a 11 personas en actitud “pacífica”.

Como consecuencia de la actuación, seis de los activistas resultaron heridos con contusiones, magulladoras y esguinces de diversa gravedad.

Por su parte, Datxu Peris, también portavoz del colectivo, ha afirmado que durante el desalojo los agentes no llevaban número de identificación y que se les sacó de una propiedad privada en la que estaban acampados con permiso del propietario sin una orden judicial: “es algo que les dijimos a los agentes y nos dijeron que les daba igual”.

Además, han acusado de discriminación sexista en el trato a los detenidos, puesto que, según han afirmado, los agentes provocaban a las mujeres con comentarios que no hacían a los hombres: “a una chica que estaba en menstruación le negaron utensilios de higiene durante un largo periodo de tiempo”.

Según han explicado, los cuatro detenidos han sido puestos en libertad con cargos como resistencia a la autoridad, usurpación o atentado a la autoridad.

El colectivo ha asegurado que la resistencia en el Forn de Barraca se ha convertido en un símbolo de resistencia para proteger la huerta que ha removido conciencias y han asegurado que seguirán llevando a cabo para defenderla de amenazas como “la ampliación del puerto, el acceso norte, el PAI de Benimaclet, el Plan General de Alboraia o la puesta en marcha de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)”.

Además, han comentado que se unirán a las manifestaciones de los viernes para concienciar de la lucha contra el cambio climático.

Los activistas han lamentado que los dirigentes de la Generalitat, de los ayuntamientos de València y de Alboraia y del Gobierno central no hayan movido un dedo para frenar las obras de la V-21, un proyecto que consideran que aún se puede parar: “es muy fácil subirse al carro ahora de la defensa por la huerta, pero no hemos visto a ninguno apoyándonos; es incoherente que aprueben declaraciones de emergencia climática y que por otro lado aprueben proyectos depredadores con el territorio como los citados”.