La Generalitat Valenciana ya asume el negacionismo de Vox y pide al Gobierno que reconozca “la nefasta aplicación del Pacto Verde”

“Permítame compartir el contenido de una carta que me ha remitido esta misma semana la Generalitat Valenciana. Un plan energético libre de las imposiciones climáticas de Bruselas. ¿En serio su propuesta se basa en estar negando el cambio climático y el antieuropeísmo? No se lo merece España, no se lo merecen los españoles y no se lo podemos permitir”.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha pronunciado en estos términos este miércoles en la sesión del Congreso de los Diputados. La también vicepresidenta tercera ha revelado de esta forma la recepción de una carta firmada por la consellera de Industria, Marian Cano, en la que, entre otras cuestiones, pide que reconozca “la nefasta aplicación del Pacto Verde” y que se garantice que “la política energética nacional quede exenta de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales”. Todo ello en contraposición con lo apoyado por el propio PP Europeo en Bruselas.

La carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es (completa al final de la información), forma parte de una resolución de la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de las Corts Valencianes reunida el pasado 30 de octubre. Fuentes de la Conselleria que dirige Cano han explicado a elDiario.es que, como es habitual, se remite al ejecutivo central los puntos del acuerdo que forman parte de sus competencias.

En concreto, se aprobó una resolución para garantizar la soberanía energética de España y reducir la factura eléctrica que contiene gran parte de las exigencias y de la agenda de Vox en esta materia, justo a escasas horas de que se produzca el pleno de investidura en el que el PP necesita los votos de la extrema derecha para que el popular Juan Francisco Pérez Llorca sea elegido presidente de la Generalitat Valenciana.

Así, a instancias del parlamento valenciano, se pidió el Gobierno central que diseñe un plan nacional de soberanía energética que garantice que la política energética nacional “quede exenta de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales”. Este plan, sigue la resolución, “será ejecutado con carácter urgente por parte de los poderes públicos competentes y tendrá por objeto asegurar la soberanía energética de España con todos los medios al alcance para conseguir una energía barata, sostenible, eficiente y limpia que garantice unos precios de la luz asequibles para las familias y las empresas españolas”.

También exige que sea alargue “la vida útil de la central nuclear de Cofrentes” y que se analice “la viabilidad de alargar la del resto de centrales nucleares y crear nuevas plantas de energía nuclear en cantidad suficiente para garantizar la soberanía energética”, así como que se considere esta fuente de energía “libre de emisiones de CO2”.

Además, se exige al Gobierno que reconozca públicamente “la creciente inestabilidad del sistema eléctrico español como una consecuencia directa de las políticas de cierre de centrales de generación firme debido a la nefasta aplicación del Pacto verde y la Agenda 2030 sin alternativa de apoyo suficiente”; que promueva en el seno de la Unión Europea, “la supresión del mercado de emisiones y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta por su carácter especulativo, ya que lastra la economía y provoca la pérdida de industria y la capacidad productivas esencial de los Estados miembros”.

Por último, proponen que mientras no se pongan en marcha estas medidas, se destine “el importe íntegro recaudado por los derechos de emisión de CO2 a rebajar la factura eléctrica de los españoles más necesitados” y que se revise “de manera urgente el sistema de generación eléctrica en España para reducir los costes, y garantizar la sostenibilidad de los agentes implicados”.