De voces y de ecos

En las últimas décadas, miles de mujeres han alzado la voz para denunciar agresiones, violencias y desigualdades. Han hablado ante jueces, fiscales, periodistas y en manifestaciones multitudinarias. A pesar de ello, muchas de esas voces no han sido escuchadas, han sido puestas en duda o directamente castigadas por atreverse a romper el silencio.

Esta situación nos debe hacer reflexionar sobre cuán válida es la voz de las mujeres a la hora de expresar sus ideas o de que se tenga en consideración incluso su relato personal.

La mitología clásica ejemplifica cómo la voz de las mujeres ha sido víctima del poder establecido. Tenemos a Ío, convertida en vaca tras ser acosada por Zeus, condenada a vagar muda, sin que nadie escuchara su dolor. Eco, castigada a repetir únicamente palabras ajenas, encarnando a todas las mujeres cuya voz ha sido permitida solamente cuando no desafía el orden masculino. La mitología nos enseña que a cada mujer que alzó la voz, la historia le devolvió el castigo.

Esa misma lógica pervive hoy, cuando la justicia trata con desconfianza a las víctimas y con indulgencia a muchos agresores. En España, casos como el de La Manada en 2016 evidencian cómo, a pesar de tener voz, se continúa cuestionando la veracidad del testimonio de las víctimas.

En el plano internacional, el caso de Jeffrey Epstein nos demuestra hasta qué punto el poder, el dinero y la masculinidad dominante protegen a los agresores. Durante años, decenas de chicas adolescentes fueron explotadas por una red criminal amparada por políticos, empresarios y figuras públicas. Conocemos los testimonios de varias de esas mujeres, compartidos en documentales, entrevistas y eventos como el Festival de Cannes. Sin embargo, muchos de los nombres implicados permanecen ocultos, y aún no se ha juzgado ni visibilizado plenamente a quienes facilitaron, encubrieron o participaron en esos delitos.

La justicia patriarcal no siempre actúa de forma tan explícita sino que lo hace a través de la demora, la indiferencia y la sospecha sistemática. Lo vemos con el caso de Juana Rivas, que en 2016 decidió huir con sus hijos para protegerlos de un padre denunciado por violencia de género. Durante años, su historia fue expuesta al juicio público, su testimonio deslegitimado y su derecho a proteger a sus hijos cuestionado. Hace unos días su hijo Daniel fue entregado a su padre. Este hecho ha generado una gran controversia judicial y mediática por la percepción de que no se escuchó suficientemente la voz del Daniel y de su madre, priorizando la formalidad legal sobre la protección real del menor.

España cuenta desde 2004 con una jurisdicción específica para juzgar delitos de violencia machista. Sin embargo, la realidad demuestra que, pese a los avances legales, los recursos siguen siendo insuficientes.

La estructura legal, si no incorpora una mirada feminista y reparadora continuará perpetuando siglos de mitología convertida en norma.