Compromís se presenta en solitario al pleno de las ayudas ‘a dedo’ de la Diputación de Alicante frenado por el PP
Imagen insólita la vivida en la mañana de este miércoles en la Diputación de Alicante donde los tres diputados provinciales de Compromís se han presentado a un salón de plenos vacío.
Para este día estaba previsto que el Partido Popular que dirige César Sánchez llevase para su aprobación el plan de obras Financieramente Sostenibles, dotado de 31 millones de euros y que incluye 7 millones de ayudas nominativas o ‘a dedo’. Sin embargo, la presión ejercida por la coalición llevó a la formación conservadora a anunciar la semana pasada que suspendía la sesión extraordinaria de este miércoles a la espera “del dictamen judicial” que tiene que decidir si la subvención de 800.000 euros que el ente provincial asignó a Busot, gobernada por el vicepresidente de la Diputación por el PP Alejandro Morant, es contraria a la ley como sostiene Compromís.
Sin embargo, esto no ha impedido al equipo que encabeza Gerard Fullana acudir al hemiciclo como señal de protesta y porque, aseguran, no ha sido cancelado formalmente el pleno ya que ninguno de sus tres diputados -Gerard Fullana, José Manuel Penalva y Lluís Pastor- ha recibido mensaje alguno sobre la no celebración del órgano colegiado, cuestión que han tachado de “falta de consideración institucional” y que de paso evidencia la fuerte tensión que viene existiendo entre este grupo y el del PP.
Con respecto al paquete de ayudas entienden, en una rueda de prensa ofrecida más tarde, que la institución podría haber sacado adelante el gasto de 24 millones en inversiones sostenibles, pactadas entre todos los partidos que conforman el hemiciclo del plenario provincial.
“Con la no celebración de la sesión extraordinaria prevista para hoy, el presidente ha bloqueado la votación de este paquete inversor que el Partido Popular liga a la aprobación de unas subvenciones ‘a la carta’ (administrativamente, ‘nominativas’) donde incluye -fuera de cualquier criterio objetivo- ayudas millonarias a sus vicepresidentes y diputados, alguna de las cuales está paralizada por la Justicia”, ha recordado Fullana en alusión a las pesquisas que mantiene abierta el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante.
Esto es para la marca de izquierdas motivo suficiente de dimisión de César Sánchez como presidente de la Diputación de Alicante. “Sánchez bloquea una inversión con la cual trata de hacer un chantaje político en los pueblos: o todos los partidos votan las ayudas a dedo del PP o todos los pueblos de Alicante se quedan sin las subvenciones sostenibles que les corresponden por ley”, ha añadido.
“¿Dónde está César Sánchez?”, se ha preguntado el portavoz del grupo de Compromís, Fullana, “es el presidente ausente, obsesionado en premiar sólo a algunos de los suyos, saltándose decisiones judiciales, chantajeando a los pueblos de Compromís condicionando sus ayudas sostenibles a la aprobación del paquete de subvenciones ‘a la carta’. Es con diferencia el peor cargo público de toda la administración valenciana. No ha hecho nada más allá de boicotear al Consejo y premiar a los amigos políticos. ¿Dónde está?”.
Compromís ha insistido en su posicionamiento anteriormente anunciado de apoyar la aprobación del paquete de 24 millones pactados por todos el partidos donde están incluidas las ayudas sostenibles con criterios objetivos, las ayudas a los pueblos por los daños del temporal de 2016 y los planes de obras y servicios de los municipios que se quedaron fuera del último plan. Pero inciden en que debería de sacarse de la votación el paquete de subvenciones ‘a dedo’ para los vicepresidentes y diputados del PP, alguna de las cuales está paralizada por una jueza por sospechas de arbitrariedad, “y que ha supuesto un recorte del 40% de la inversión sostenible con criterios democráticos”.
En este último sentido, los tres diputados de Compromís han defendido la existencia de ayudas nominativas “sólo cuando tengan un carácter extraordinario y estén justificadas: por motivos de que sea un servicio obligatorio que no pueda cumplir el propio ayuntamiento, en virtud de un convenio con otras administraciones para dotar de infraestruturas básicas a los pueblos (centro de Salud, residencias de mayores, etc.) y cuestiones de catástrofes naturales y emergencias”.
