El Puerto de València recauda de las empresas de la Marina una nueva tasa del 3% de su facturación que se suma al canon

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, anunciaron en diciembre de 2023 la privatización para los próximos 35 años de la gestión de un 47% de la Marina de València (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y parte de la zona sur y norte, perdiendo así la ciudad el control unitario del espacio y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades.

Hasta ese momento, era el Consorcio Valencia 2007, el órgano integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20% ), el encargado de administrarlo, hasta que se optó por su liquidación una vez el Estado condonó la deuda de 380 millones que pesaba sobre el ente, con la que se financiaron las obras necesarias para transformar el espacio y celebrar la Copa América.

Aunque el proceso de liquidación del ente está judicializado, la APV convocó un concurso del que resultó ganadora la unión temporal de empresas (UTE) formada por Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar, a la que se le adjudicó la explotación de las instalaciones en julio de 2024 durante un periodo de 35 años.

En todo este proceso, las empresas de servicios o restauración que trabajan en el ámbito privatizado han sufrido un incremento de sus gastos operativos de entorno al 25%, según han asegurado algunas de las afectadas consultadas por elDiario.es: “Cuando estaba el Consorcio tan solo pagábamos un canon anual, una especie de alquiler cuya cuantía se fijaba en función del tipo de actividad o la cantidad de superficie que ocupaba el negocio. Cuando se liquidó el Consorcio, hubo un periodo de transición en el que se hizo cargo de la gestión la APV, que nos empezó a cobrar una tasa adicional del 2% sobre nuestra facturación. Y al entrar el operador privado, esa tasa ha subido al 3%”, han explicado.

Las firmas consultadas no ocultan su malestar al entender que “esa tasa debería abonarse en todo caso sobre el beneficio, no sobre la facturación” y afirman que es “un gasto más que hace que cada vez sea más complicado mantener la actividad y ofrecer un buen servicio”. Así, reconocen que “en la última etapa del Consorcio, desde que se anunció su liquidación, se dejó todo bastante abandonado y ahora la empresa está haciendo una inversión reparando infraestructuras”, pero insisten en que son muchos incrementos de costes los que están asumiendo en poco tiempo.

Al respecto, fuentes de la empresa concesionaria (Serveis Marítims Port Eivissa, SL y Ocibar, SA) explican a elDiario.es que su función es únicamente la de recaudar la tasa para trasferirla a la APV y que han sufrido un importante aumento del canon anual que abonan al organismo portuario por la explotación del recinto, que según el pliego de condiciones asciende a un total de 5 millones de euros. Además, reconocen que ese aumento del 2% al 3% de la tasa que se cobra a las diferentes empresas que operan en la Marina está motivado por el aumento progresivo de ese canon y destacan que están ejecutando una inversión de 84,8 millones en obras de mejora y adecuación

La APV achaca a la legislación el cobro del 3% de la facturación

Fuentes de la APV han explicado que “esta concesión, otorgada sobre dominio público portuario, se rige por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En concreto, regula la tasa de ocupación (art. 173 y siguientes) y la tasa de actividad (art. 183 y siguientes)”.

Desde el Puerto añaden que “las tarifas actuales aplicadas por Marina Port Valencia (nombre oficial del espacio gestionado por Serveis Marítims Port Eivissa, SL y Ocibar), son significativamente inferiores a las máximas aprobadas en el concurso público”. Por ejemplo, en lo que a los amarres se refiere, aseguran que “una embarcación de 12 metros paga 0,21 euros por metro cuadrado al día, frente a los 0,31 euros previstos como máximo”. Además, “las embarcaciones pagan los suministros de agua y electricidad consumidos, así como las tasas T-0 y T-5, como cualquier otra embarcación” y afirman que “las tarifas están desglosadas por tipos de coste, en aras de mayor transparencia, y no varían entre temporada alta y baja, a diferencia de otros puertos del Mediterráneo”.

En cuanto a los locales comerciales, explican que los precios actuales varían según el tipo de actividad: “15,8 euros por metro cuadrado al mes para restaurantes; 6,4 euros para empresas náuticas y 4,49 euros para asociaciones”. Estas cifras están “muy por debajo de la tarifa máxima aprobada, que es de 123,36 euros por metro cuadrado al mes”. Además, “todos los locales pagan un 3% de sus ingresos en concepto de tasa de actividad, de los cuales el 2 % se destinan a la APV y el 1% corresponde a gastos de gestión del cobro. Este esquema es un requisito tanto del concurso como de la legislación vigente”.

La APV recuerda que “los ingresos que percibe la Autoridad Portuaria por esta concesión están fijados según la oferta presentada por el concesionario en el proceso de licitación” y que “el proyecto de Marina Port Valencia incluye una reordenación de los amarres para mejorar la productividad y aumentar la presencia de embarcaciones de diferentes esloras”, por lo que se prevén 370 amarres en la dársena interior (de 12 a 130 metros), 74 en la dársena norte (de 24 a 115 metros) y 227 en la dársena sur (de 6 a 40 metros).

Además, “se proyecta un varadero con capacidad para embarcaciones de entre 10-15 y 60 metros, así como una marina seca para 228 embarcaciones de hasta 8 metros”. En tierra, se contemplan “espacios para formación náutica, investigación, así como actividades comerciales, de restauración y ocio”.