Zaplana fracasa en su intento de anular las intervenciones telefónicas que delataron la trama de mordidas del 'caso Erial'
La intervención de las comunicaciones telefónicas de Eduardo Zaplana ha sido una de las claves para apuntalar la acusación contra el expresidente de la Generalitat Valenciana en el marco del 'caso Erial'. El también exministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar ha batallado para conseguir la anulación de las conversaciones telefónicas que retrataban la actividad interna de la presunta trama corrupta y permitieron a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción trazar la estructura de blanqueo de los 20,6 millones de euros en mordidas, según el recuento del Ministerio Público. Sin embargo, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado el recurso de Zaplana contra el auto de procedimiento abreviado de la instructora alegando que las nulidades que solicita en todo caso “deben ser planteadas en el acto del juicio oral”.
El expolítico del PP se sentará en el banquillo de los acusados junto con su sucesor en el Palau de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, y el empresario Vicente Cotino, entre otros. Así, los indicios que reseña la jueza instructora “son más que suficientes”, señala el auto de la Audiencia Provincial de Valencia. “La cuestión de si concurren o no todos los elementos del tipo por el que finalmente se formule acusación, ha de quedar necesariamente diferida a la valoración definitiva de las pruebas tras su práctica en el acto del juicio oral”, indica la resolución.
La Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de prisión para Eduardo Zaplana por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad y prevaricación administrativa.
El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, asegura en su escrito de acusación que el exministro, tras abandonar la política, “realizó los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio ilícitamente obtenido para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros”. El Ministerio Fiscal eleva el presunto botín a 20,6 millones de euros, fruto de mordidas a consecuencia de la privatización de las ITV y de la adjudicación del Plan Eólico valenciano.
Así, durante su “extensa carrera política”, el expresidente de la Generalitat Valenciana, “formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a su posición institucional y de gobierno”, según el escrito de Anticorrupción.
La instrucción del 'caso Erial' ha acreditado el recorrido de los fondos supuestamente blanqueados a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos.
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