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ENTREVISTA

Lídia Brun, economista: "El riesgo es que cuando acabe la crisis con más deuda pública los adalides de la austeridad ataquen de nuevo"

Cree que las garantías públicas y avales a las empresas que va a dar el Gobierno en su plan para movilizar 200.000 millones de euros "no debería ser una barra libre para subsidiar cualquier pérdida derivada de un exceso de exposición al riesgo" 

Cómo pido el paro o la baja, qué derechos tengo en un ERTE y otras dudas laborales por la epidemia de coronavirus

La economista Lídia Brun/Foto cedida

La economista Lídia Brun/Foto cedida

Lídia Brun (Sabadell, 1987) es economista. En la actualidad es investigadora doctoral en Macroeconomía y Desigualdad en la Universidad Libre de Bruselas (ULB) y escribe artículos de divulgación económica para diversos medios. Ha sido también asesora del grupo de Los Verdes en la Comisión de Economía y Fiscalidad del Parlamento Europeo.

Sobre las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus, asegura que le parece fundamental "empezar a asumir que habrá pérdidas generalizadas con esta crisis y a pensar cómo se va a repartir el golpe". Y advierte del riesgo de que cuando acabe la crisis con unos niveles de deuda pública mucho mayores, "los adalides de la austeridad ataquen de nuevo".

A corto plazo, controlar la curva de infecciones implica empeorar la curva de la recesión económica. ¿Esto puede llegar a ser contraproducente a medio y largo plazo? ¿han sido los gobiernos demasiado lentos a la hora de tomar medidas?

Es evidente que si los gobiernos del mundo no han tomado medidas contundentes a tiempo es por el miedo a las consecuencias económicas y la gran incertidumbre. Pero la recesión económica se va a producir se tomen o no medidas de parón de la actividad para aplanar la curva de infecciones, porque la disrupción de las cadenas de producción y la caída global de la demanda ya son un hecho. Hay que dar una respuesta equilibrada a la dimensión del problema, pero el gobierno puede tomar medidas para mitigar los efectos económicos; lo que no hay es alternativas a salvar vidas. En mi opinión, hay que hacer todo lo posible para contener el contagio ahora y ganar tiempo, asumiendo el coste económico desde el sector público. Esto es lo que están haciendo y tienen que hacer los gobiernos. Cuando remitan los contagios, debemos emplear estrategias que sabemos que han funcionado y que recomienda la OMS, como el testeo masivo y el rastreo, tratamiento y aislamiento de las personas infectadas, para ir, dentro unas semanas, pudiendo levantar las restricciones a la actividad económica sin volver a llegar al límite de capacidad del sistema sanitario. Entonces será momento de diseñar un gran estímulo económico para contrarrestar los efectos de esta crisis a medio y largo plazo.

¿Le parece suficiente el paquete desplegado por el Gobierno? 100.000 millones en avales, 83.000 por parte de empresas privadas, en total 200.000 millones. ¿Confía en que estos últimos se podrán llegar a movilizar?

El momento actual se caracteriza por una gran incertidumbre: no sabemos ni cuánto va a durar, ni cuán profundo va a ser el golpe ni en España, ni en Europa, ni en el resto del mundo. Los planes de contingencia presentados por el gobierno son, en mi opinión, una declaración de intenciones. Se ha mandado la señal de que el gobierno se hará cargo, para transmitir calma a los actores privados, sobre todo a las empresas, para que no empiecen a despedir masivamente y cerrar, sino que actúen con consistencia temporal y contribuyan a amortiguar el golpe en vez de amplificarlo. Las líneas de avales son unas garantías que el gobierno da a los prestamistas (tanto bancos como otras empresas) para incentivarlos a extender crédito a las empresas para que puedan capear el temporal. La idea es que la garantía del gobierno se use como colateral para pedir préstamos de mayor valor que la cuantía de la garantía usada, de ahí el multiplicador. Eso quiere decir que el Estado no asumiría la totalidad de las pérdidas si esos préstamos no se devolvieran.

Pero los créditos no son sustitutivos de falta de ingresos, sobre todo si el problema se alarga. El instrumento de los ERTE y las exenciones fiscales contribuirán a reducir los costes a las empresas para compensar la falta de ingresos, para que no se extingan las relaciones laborales y comerciales y el tejido productivo siga en pie y pueda retomar su actividad con celeridad cuando pase la crisis sanitaria. Los estabilizadores automáticos, el déficit público que surgirá de gastar más en prestaciones por desempleo e ingresar menos por el parón de la actividad económica, también actuarán de estímulo. Si será suficiente ahora mismo nadie lo puede decir. No descarto que el gobierno presente más planes en un futuro si constata que las empresas no consiguen suficiente crédito, o la crisis sanitaria se alarga.

¿El plan del gobierno será suficiente para evitar que empiecen a llegar las insolvencias de familias y empresas y contagiar al sector financiero?

Ahora mismo el problema en el sector financiero es el desplome del precio de los activos, no las bancarrotas de familias y empresas. Es obvio que ese precio a la baja refleja ya la preocupación por una recesión global y el consiguiente aumento de las insolvencias, pero también otros factores y dinámicas especulativas, y hay que tener en cuenta que las bolsas estaban bastante hinchadas antes del impacto del coronavirus. Hemos de evitar una crisis financiera por las múltiples externalidades negativas que esto tendría en la economía, pero yo iría con cautela a la hora de atribuir todos los problemas del sector financiero al coronavirus; la garantía pública no debería ser una barra libre para subsidiar cualquier pérdida derivada de un exceso de exposición al riesgo. Además, el sector financiero tiene el apoyo del Banco Central Europeo, cuyo programa de emergencia contra pandemias (PEPP) ha ampliado el rango de activos que puede adquirir para inyectar liquidez. Ya compraba instrumentos de deuda del sector financiero, y ahora va a comprar papel comercial de las corporaciones no financieras, que es deuda a corto plazo no colateralizada. Esto, además de facilitar la liquidez de las propias corporaciones no financieras, es un apoyo a la solvencia de los intermediarios financieros que habían invertido en ellas. Mientras las ayudas del BCE consigan evitar la necesidad de mayores intervenciones de los Estados en el sistema financiero, el foco de la política fiscal de los gobiernos deberían ser las pequeñas y medianas empresas y las personas.

En cuanto a su grado de ambición ¿el plan del gobierno es parecido al del resto de los países europeos, como Alemania y Francia, o cree que se queda corto por las mayores restricciones presupuestarias a las que nos obligan nuestros datos macro?

Las inyecciones directas son unos 35.000 millones de euros y la línea de avales unos 100.000 millones. Eso son un 2,5% y un 8% del PIB de 2019, aproximadamente. Están en un orden de magnitud similar al estímulo anunciado por otros países europeos. Los Estados han anunciado estos planes sin atender a consideraciones de restricción presupuestaria. La Comisión Europea no ha tenido más remedio que flexibilizar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No tiene sentido que si se están muriendo ciudadanos y la economía está en riesgo de colapso estés pensando en los límites de déficit. El BCE ha respondido con apoyo incondicional a la deuda soberana, así que no hay restricciones monetarias, de momento. Pero los países mediterráneos ya no partían de una situación muy holgada. El riesgo es que cuando acabe la crisis con unos niveles de deuda pública mucho mayores, los adalides de la austeridad ataquen de nuevo. Este riesgo es una razón importante por la que mancomunar el gasto a nivel europeo a través de Eurobonos sería lo más óptimo.

¿Van a volver a ser los países mediterráneos los más perjudicados como en 2008 por esta crisis?

Espero que no, pero es un riesgo. En principio el mayor impacto en Italia y España es una cuestión cronológica, porque los contagios empezaron a acelerarse antes, pero la dimensión sanitaria debería ser parecida en todos los países dentro de unos días. Sin embargo, hay varias razones por las que el impacto puede ser mayor en Italia y España. Primera, porque nuestras medidas de contención tienen externalidades positivas sobre el resto de países en cuanto a cadenas de transmisión. Segunda, porque nuestra experiencia debería servir de ejemplo al resto de países para que actúen preventivamente. Al menos en mi experiencia los inmigrantes españoles e italianos en Bélgica hemos contribuido a transmitir la seriedad del asunto a nuestra sociedad de acogida. Tercera, porque el tiempo es oro, y una aceleración del contagio con unos días de decalaje puede implicar que ya se haya desarrollado una técnica para testear más rápido, o ya se estén fabricando ventiladores a escala industrial. Y cuarta, porque la capacidad de los sistemas sanitarios de los países sometidos a las medidas de austeridad es menor que la de los países que han tenido la holgura fiscal suficiente para invertir en sanidad pública estos últimos años. 

¿Debería estar más coordinada la respuesta entre países europeos?

Desde luego. La OMS lleva advirtiendo desde hace tiempo que una mayor coordinación global es necesaria para enfrentar pandemias. Es evidente que con el contagio planetario tan rápido que hemos experimentado, han fallado por insuficientes o inexistentes los protocolos y dispositivos de intercambio de información, de contención y de cortafuegos. Estamos viendo cómo los países que pueden, optan por el acaparamiento de los recursos sanitarios en vez de ayudar a los países que más lo necesitan.

Una mayor coordinación permite aprovechar las economías de escala y demás sinergias en el desarrollo industrial y la distribución de material sanitario, de tests, de medicamentos o de vacunas. No tiene sentido que los estados estén protegiendo los intereses particulares de empresas que quieren desarrollar patentes para encirequecerse con su comercialización. La sensación es que en vez de coordinarse y cooperar, los países se pisan los unos a los otros. En el caso de los países europeos, además, esta necesidad de coordinación es mayor dado el nivel de integración económica y financiera. Lo es ahora, y lo será cuando amaine la crisis sanitaria y se requiera un estímulo macroeconómico para reflotar la economía. De momento la respuesta europea se ha dotado de un presupuesto irrisorio. Muchos analistas coinciden en señalar que la respuesta a este reto va a ser un momento decisivo para la UE, y que si no se responde con solidaridad, contundencia y altitud de miras, el daño al proyecto europeo puede ser irreversible. 

¿Qué le parece que Luis de Guindos defienda ahora una renta básica?

Desde luego, uno de los principales retos de esta crisis es sostener los ingresos de los hogares en un contexto en el que estás pidiéndole a la gente que no salga de casa, y a muchas empresas que cierren si no es imprescindible. Las prestaciones por desempleo y los ERTE harán parte de esa función pero pueden ser insuficientes y no llegar a todos los hogares, como los de la gente con contratos temporales o de la economía sumergida. En países como EEUU, donde no tienen bajas por enfermedad pagadas, o donde la cobertura de la prestación por desempleo es muy tímida, van a ser necesarios grandes programas de transferencias a los hogares. Cualquier propuesta universal en esta dirección es bienvenida, pero que no sea a costa de los sistemas de protección social que ya tenemos establecidos en los países con un Estado del Bienestar más fuerte.

¿Deberían acelerarse los impuestos a las transacciones financieras y la tasa Google, que estaban en trámite pero de momento se han visto paralizados en el Congreso, para poder aumentar ingresos en este momento en el que van a despeñarse?

Me parece fundamental empezar a asumir que habrá pérdidas generalizadas con esta crisis y a pensar cómo se va a repartir el golpe. No podemos volver a permitir, como pasó en 2008, discriminar las ayudas a los agentes económicos en función de su importancia para la estabilidad sistémica. Las moratorias de hipotecas tienen que ver con evitar que las dificultades económicas de las familias y empresas hipotecadas se transmitan al mercado inmobiliario y a las instituciones financieras que les han concedido estos créditos. Esto es importante, pero es discriminatorio hacia las familias, de media mucho menos acaudaladas, que no están hipotecadas porque no pueden permitírselo y viven de alquiler. Es evidente que las grandes empresas y los bancos están mejor preparados para capear el temporal que los trabajadores y las PyMEs. Además, las empresas de telecomunicaciones, las plataformas de contenidos online, distribución a domicilio o plataformas para reuniones telemáticas pueden incluso ganar con esta crisis. Creo que el gobierno tiene margen para proponer impuestos específicos sobre servicios digitales, sobre la banca o sobre el patrimonio motivados por la necesidad de asegurar un reparto equitativo del coste de la crisis.

Al mismo tiempo, el Estado está en una posición inmejorable para impulsar cambios en el sector productivo, incluyendo cláusulas de condicionalidad en las ayudas y las licitaciones públicas que tengan en cuenta criterios de risk-sharing (comprometerse a extender crédito comercial a clientes y proveedores), de equidad (no repartir dividendos, mejorar condiciones laborales) o de sostenibilidad (tanto financiera como climática).

¿Este año estamos condenados a la recesión en España? ¿es posible salir de ella en el corto plazo una vez que caes?

La recesión es inevitable. Estamos parando la economía y el PIB mide todas estas transacciones que vamos a dejar de hacer porque no podemos consumir, invertir, trabajar, etc. La salida de la crisis depende en gran medida de la respuesta política que se le de, y de la coyuntura global, es decir, de la respuesta económica de los otros países. En este sentido, un plan de estímulo coordinado y agregado a nivel de la UE cuando remita la emergencia sanitaria me parece la mejor garantía para que la recuperación sea pronta. Pero insisto, el coronavirus ha expuesto muchas vulnerabilidades de la economía global que son estructurales y a las que ya había que hacer frente antes de que esta crisis nos estallara en los cara.

Dice en un artículo recientemente publicado que el "virus económico" puede ser letal para aquellos agentes económicos con "enfermedades" previas (en este caso, problemas de solvencia). ¿Cómo se sitúa España en este parámetro?

Por "suerte", el hecho de que la Gran Recesión en España viniera acompañada del estallido de una burbuja inmobiliaria ha hecho que la última década hayan sido años de gran desapalancamiento de empresas y hogares. El ajuste bestial ha hecho que las hojas de balance estén bastante más saneadas ahora que en 2008, y las ratios de deuda privada respecto al PIB están sobre la media europea. Esto no quiere decir que los problemas de solvencia puedan aparecer eventualmente. Pero en el artículo me refería a que grandes corporaciones e intermediarios financieros se han estado beneficiando en estos últimos años de una política monetaria muy laxa que ha podido distorsionar los incentivos a la emisión de deuda corporativa, produciendo presiones especulativas en ese segmento del mercado. Es un problema que me preocupa a nivel global, no particularmente para la economía española. En EEUU están debatiendo si rescatar directamente a grandes corporaciones con problemas de solvencia. En España, quizás con algunas excepciones, me parece que los problemas de solvencia podrán atribuirse más claramente al coronavirus, por ejemplo, las compañías aéreas o las empresas del sector turístico que sufrirán un golpe sectorial severo, que a un problema previo de sobre-endeudamiento.

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