La jueza de la dana llama a declarar a otra alto cargo del núcleo duro de Mazón

La jueza de la dana ha acordado que declare como testigo en el seno de la causa Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del President. Se trata de una de las dos altos cargos del Palau que habló por teléfono con Carlos Mazón poco antes de que el president partiera en coche oficial hacia el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. La magistrada ha acordado la testifical de Montes “dada la proximidad, por su cargo” con el resto de personas del núcleo duro de Mazón en el Palau.

La directora general, funcionaria de carrera, ya coincidió con Mazón como jefa de negociado de Administración de la Presidencia de la Diputación de Alicante, en la legislatura en que Mazón presidió la institución provincial.

En un segundo auto dictado este lunes, la jueza también acuerda unir al procedimiento las grabaciones aportadas por el asesor de la exconsellera Salomé Pradas, el testigo Marco Presas, que declaró el pasado 14 de noviembre. Presas grabó, con un teléfono móvil en posición vertical, algunos fragmentos de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Además, la jueza ha desestimado el recurso de reforma de la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa, contra el auto previo que denegó su solicitud de requerir información sobre la trazabilidad de una comunicación remitida por el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis.

La jueza también desestima la solicitud de una acusación particular relativa a la práctica de diligencias sobre la distribución por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de agentes y guardas en el territorio el 29 de octubre de 2024, día de la catastrófica dana que dejó 229 fallecidos. La magistrada instructora recuerda que “no se realizó una solicitud de colaboración por parte del mando único a cargo de la emergencia”, en referencia a los agentes medioambientales de la CHJ.

“El error ampliamente difundido de que el control y vigilancia de los barrancos el día 29 de octubre de 2024 era competencia de la CHJ está sustentando no solo una imputación gravemente errónea de responsabilidades, sino solicitudes de prueba que no se corresponde con el análisis de las omisiones”, apostilla la resolución, una de las seis dictadas por la jueza.

El auto recuerda que, en el contexto de la situación de emergencia por riesgo de inundaciones, “el control de los barrancos ante un eventual desbordamiento ha de corresponder a la Generalitat Valenciana”.

La “negligencia grosera” de Pradas y Argüeso

La instructora reitera la “negligencia grosera” protagonizada por ambos imputados, la “falta de control en la utilización de la ingente cantidad de recursos humanos de los que se podían servir los investigados para controlar los barrancos, la pasividad en su reclamación, la falta de control continuo de su vigilancia, dado que la emergencia no cesó en ningún momento”.

Además, el auto sostiene que tanto Pradas como Argüeso “sabían plenamente” que “les correspondía” la vigilancia de los barrancos, “no solo porque así se recoge en el Plan especial de inundaciones, cuya normativa debían de conocer si tenían encomendadas en la Comunidad Valenciana la protección de civil de las emergencias, sino porque se lo dijeron de viva voz técnicos en varias ocasiones, como se comprueba en las grabaciones” de la visita a última hora de la mañana que hicieron al Centro de Emergencias de l'Eliana.

“Y”, agrega, “porque lo escribió de su puño y letra la propia investigada Salomé Pradas, y porque, como se ha reiterado en múltiples ocasiones las inundaciones y desbordamientos en barrancos se iban retransmitiendo por los medios y comunicados a través de las llamadas del 112”.