El encierro de Stop Desahucios Alicante en el Ayuntamiento surte efecto, Bienestar Social atenderá a una familia que va a ser desalojada
Cinco horas han pasado encerrados en los soportales del Ayuntamiento de Alicante miembros de la plataforma Stop Desahucios para denunciar las políticas municipales de vivienda y para pedirle al consistorio que se implique en el caso de una familia que corre el peligro de quedarse sin vivienda este miércoles. Pasadas las tres de la tarde, el grupo de activistas y el matrimonio con una menor de 15 meses daban por zanjada la medida de presión después de lograr que la concejalía de Bienestar Social les prometiera que el ayuntamiento se haría cargo de la familia.
La situación no es sencilla, reconocen tanto fuentes municipales como de la plataforma, teniendo en cuenta que la pareja a la que Bankia tiene previsto desalojar este miércoles a las 11 horas tiene una hija pequeña a su cargo. Los tres llevan un año ocupando la vivienda en cuestión al no poder hacer frente al alquiler. Asimismo, el padre padece una minusvalía del 46% y la madre es menor de edad (16 años).
La edil del área, Sofia Morales, ha explicado que al tratarse de una menor –en alusión a la pequeña- “no hay posibilidad legal de buscarles un piso”. Por ello, un técnico de Servicios Sociales tratará de negociar con el banco antes de que se produzca el lanzamiento. “Si no fuera posible, desde el ayuntamiento nos haremos cargo y alojaremos a la familia en una pensión”, ha añadido la regidora socialista.
Por su parte, la portavoz de Stop Desahucios Alicante, Desiré Gómez ha esgrimido que el caso de esta pareja “se trata de una evidente ocupación necesaria de una vivienda”. En ella, avisa Gómez, llevan alojados un año “en condiciones lamentables” a través de una mafia que les cobró “cerca de 300 euros” por permitirles la entrada. Ante la respuesta del consistorio, la portavoz entiende que se trata “de parches”, porque dentro de uno o dos meses “volverá a saltar el lanzamiento”, recuerda en alusión al anterior intento que sufrió esta familia el pasado 20 de noviembre y que frenó la PAH. “Imagínate la tensión y el drama de sufrir un intento de desahucio cada dos meses”, concluye.
Reivindicaciones
Más allá de la delicada situación que atraviesa el matrimonio, Stop Desahucios Alicante ha aprovechado el encierro para incidir en la, a su juicio, errática política municipal de vivienda. Desiré Gómez ha denunciado que llevan 12 meses pidiendo al Ayuntamiento que se hagan cargo de la problemática relativa a las ocupaciones de viviendas en la ciudad. “Creemos que no está entre nuestras competencias y podemos discernir a duras penas lo que son ocupaciones necesarias de lo que no son”, comenta la activista que se lamenta de que “un entramado de mafias” se encuentre detrás de muchos casos. “Esto ha hecho que se haya producido una desvirtualización del verdadero derecho a la vivienda”.
La respuesta de Sofía Morales es que si entraran a gestionar las ocupaciones ilegales que se producen, supondría “darles carta de naturaleza a situaciones que no siguen una reglamentación”. En este sentido insiste: “El Ayuntamiento no puede favorecer estos métodos y solo podemos estar a favor de los hechos reglados”. Como alternativa, la concejala de Bienestar Social afirma que “lo que sí” que pueden hacer “es paliar esos efectos como estamos haciendo con esta familia y como venimos haciendo hasta ahora”.
