Fiscalía pide a los ecologistas que resistieron en el Forn de Barraca el pago del dispositivo de la Guardia Civil

Sin antecedentes penales, los cuatro activistas que resistieron en el Forn de Barraca, la centenaria alquería a la vera de la carretera V-21 de Valencia, frente a las máquinas retroescavadoras que acabaron demoliéndola, no entrarán a prisión. El Ministerio Público solicita penas por un máximo de 18 meses de cárcel. Sin embrago, en materia de responsabilidad civil, la Fiscalía ha pedido al Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil y a los bomberos que cuantifiquen el gasto que supuso el desplazamiento y la intervención para desalojar a los activistas.

El edificio, símbolo del movimiento de defensa de la huerta tradicional valenciana, con su característica alcachofa pintada en su fachada, fue arrasado por las máquinas que trabajaban en el proyecto de ampliación de la carretera V-21, pese a la resistencia de los movimientos ecologistas y vecinales. La constructora OHL, responsable de las obras, no ha presentado reclamación alguna al no haber sufrido daños de consideración.

La novedosa postura de la Fiscalía en materia de responsabilidad civil abre la puerta al cobro de los despliegues policiales en acciones de movimientos sociales de desobediencia civil pacífica. Al lugar se desplazaron numerosas patrullas de la Guardia Civil así como un camión de bomberos que logró desalojar a los dos activistas que se encaramaron al techo de la alquería.

El colectivo en defensa del Forn de Barraca contabilizó hasta 100 agentes del Instituto Armado, 20 vehículos y un helicóptero para desalojar a 11 personas activistas. Los ecologistas tildaron el despliegue de “desproporcionado” y aseguraron que la actuación dejó seis activistas heridos con contusiones, magulladuras y esguinces.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Montcada, según ha adelantado el diario Público, ha dictado el auto de apertura del juicio oral para los cuatro activistas que se sentarán en el banquillo de los acusados por los presuntos delitos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad. Las obras de ampliación de la V-21, pilotadas por el Ministerio de Transportes, entonces en manos del socialista José Luis Ábalos, propiciaron la destrucción de la alquería centenaria y de zonas de huerta que poblaban la salida norte de la ciudad.