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Compromís apunta a César Sánchez como responsable de parte de la prescripción del caso Fitur

Representantes de Compromís en la Diputación de Alicante.

Con “cara de póker”, así asegura sentirse el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, después de conocerse que el Juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad ha considerado prescritos los supuestos hechos delictivos en las adjudicaciones previas a 2007 realizadas por el Patronato de Turismo Costa Blanca de la institución provincial que presidía José Joaquín Ripoll, del Partido Popular. De esta forma, buena parte del conocido como caso Fitur, cuyo fraude llega a 3,2 millones de euros, según la coalición, se quedaría sin ser compensada a las arcas públicas.

En este sentido, la coalición afirma que una parte de la prescripción por valor de un millón de euros se hubiera podido evitar si el PP y el tránsfuga de Ciudadanos Fernando Sepulcre “no hubieran demorado la apertura de la comisión y la entrega de documentación” cuando lo solicitaron inicialmente en febrero de 2016. La marca de izquierdas habla de “responsabilidad directa” del gobierno de la Diputación que actualmente preside César Sánchez “al haber retrasado meses” la apertura de dicha comisión al ver que se dilataba “en exceso” el acuerdo de abrir una investigación fruto del pacto entre PP y CS de inicio de legislatura. Por ello, piden a Sánchez, actual máximo responsable de Transparencia del PP en el equipo de Pablo Casado, que comience una investigación para aclarar lo ocurrido de 2004 a 2009 y “para dirimir responsabilidades políticas”.

Compromís ha aclarado en su primera rueda de prensa después del parón estival que en dos ocasiones el juzgado alicantino ha rechazado los recursos que ha presentado en los últimos meses pese a que le habían solicitado que decretara la continuidad delictiva, dado que estas mismas empresas están siendo juzgadas ya en Orihuela en una instrucción que empezó en una fecha en que los delitos no habrían prescrito. Además, recuerda el equipo que encabeza Fullana que algunos de los contratos del año 2007 y 2008 tienen vínculo directo con los anteriores y por lo tanto Compromís entiende “más que justificada” la solicitud de que existe dicho delito continuado que evitaría así la prescripción que marcan los diez años.

Asimismo, el juzgado también ha denegado la solicitud del fiscal y de la acusación particular de decretar la causa compleja para poder así ampliar la instrucción de seis meses que se ha visto mermada por las solicitudes de aplazamiento concedidas a los imputados en la causa así como el retraso en la entrega de la documentación por parte de la Diputación de Alicante. En la práctica, lamenta Compromís, ha habido tan solo una instrucción de tres meses de tiempo real.

Con todo, la fuerza de izquierdas ya ha anunciado que agotará todas las opciones judiciales posibles. “No nos rendimos a aceptar que la mayoría de los contratos denunciados no puedan ser juzgados y devueltos a las arcas municipales cuando se demuestran los delitos por el simple hecho de que durante 10 años nadie había denunciado la situación o porque el PP ha retrasado todo el que ha podido el proceso”.

A comienzos de 2017, Compromís denunció ante el fiscal Anticorrupción un presunto fraude en el Patronato de Turismo de la Diputación de Alicante que se asemejaba a las irregularidades en la contratación de la rama de Fitur de la trama Gurtel. Los contratos aportados ascendían a 3,2 millones de euros de los cuales eran beneficiados las empresas Exporiggins y Stands Molinos para el montaje de los pabellones de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Estas mismas mercantiles se encuentran actualmente procesadas en el caso previo que también afecta al Partido Popular y su gestión en el ayuntamiento de Orihuela.

Las contrataciones en la institución provincial comenzaron en 2004, siendo las propias del año 2006 las de más relevancia, ya que superan el millón de euros. El modus operandi de la trama era, como especificó la coalición, idéntico al empleado en el caso de Fitur de Valencia y que ha acabado con la que fuera consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, entre rejas. Compromís detalla que se trata de adjudicaciones exprés aprovechando fechas de festividad para evitar que otras empresas concursaran, con falseamiento la oferta al adjudicarse pidiendo propuestas a empresas pantalla que eran de los mismos propietarios, o con adjudicación de concursos a las ofertas más costosas mediante criterios subjetivos. Por último, estas empresas obtenían también contratos con otros municipios gobernados por el Partido Popular en casos como el de Torrevieja donde se adjudicaron 1,4 millones de euros con sistemas similares en la época en que el actual diputado de turismo, Eduardo Dolón, formaba parte del equipo de gobierno, señala Fullana.

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