Un juzgado de València investiga por presunta prevaricación administrativa al director general del Agua por vertidos en Alicante

El juzgado de Instrucción nº 11 de València ha abierto diligencias previas de investigación contra el director general del Agua de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Manuel Aldeguer, por un presunto delito de prevaricación administrativa a raíz de una denuncia presentada por la asociación de vecinos Gran Vía Sur Puerto de Alicante.

El motivo de esta querella, según aducen desde el colectivo vecinal, es la falta de resolución del expediente de autorización de vertidos de la principal estación depuradora de aguas residuales de Alicante, la Edar Rincón de León desde hace 25 años, “con lo que se incumple de forma clamorosa la normativa europea, nacional y autonómica en esta materia, que prohíbe la realización de vertidos al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo terrestre sin la preceptiva autorización”. Este es, explican, el instrumento ambiental para la prevención de la contaminación de las aguas y “el eje sobre el que pivota la política de aguas” en España.

La Edar Rincón de León, que da servicio a unos 300.000 habitantes y tiene una capacidad de tratamiento prevista de 75.000 metros cúbicos al día, cuenta con una red de drenaje de 42 puntos de vertido, 27 de ellos directos a la costa de Alicante. “Sobre todos ellos, durante 25 años no se han ejercido controles ni inspecciones, ni se han aplicado las mejores técnicas disponibles para prevenir y evitar la contaminación por aguas residuales urbanas e industriales según dispone la normativa vigente, como la Ley de Costas, el texto refundido de la Ley de Aguas, y las leyes relativas al dominio público hidráulico y al tratamiento de aguas residuales urbanas”, denuncian.

Así mismo, sostienen que en la querella se demuestra, “en base a informes oficiales de la propia Administración, tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Alicante y que constan en el expediente de la estación depuradora, la mala calidad de las aguas depuradas, así como los graves daños ambientales por los vertidos DSU (desbordamientos del sistema unitario) sin tratamiento alguno”.

Situación “crónica” que ha causada un daño ambiental “grave e irreparable”

Esta situación “crónica”, insisten los vecinos que ha causado un “grave e irreparable” daño ambiental en el ecosistema del entorno costero de la ciudad de Alicante, incluyendo playas urbanas reconocidas, “la más dañada es la playa de San Gabriel, así como la zona de El Cocó; dársenas portuarias, que tienen varios puntos de vertido; y especialmente el área marina protegida por la Red Natura 2000 LIC/ZEPA (Lugar de Interés Comunitario/Zona de Especial Protección Para las Aves) Tabarca, que cuenta con 14.000 hectáreas y que comienza cerca de la playa de San Gabriel, frente al parque El Palmeral, y llega hasta la isla de Tabarca”. En este Lugar de Interés Comunitario, y según informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha producido “un grave daño por contaminación a hábitats protegidos como las praderas de posidonia, y una importante pérdida de biodiversidad marina”.

Se da la circunstancia de que el director general del Agua, que ocupa este cargo desde 2015 y es el responsable de las autorizaciones de vertido y de la calidad de las aguas, está investigado en el caso de la degradación ambiental del Mar Menor cuando era Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Fiscalía pide para él 21 meses de prisión: “Es evidente la connivencia durante años de la Dirección General del Agua con el Ayuntamiento de Alicante en voluntad intencionada y maliciosa de no tramitar ni resolver el expediente de autorización de vertidos de la Edar Rincón de León”.

Esto ha supuesto, según explican, “la ausencia total de inversiones en infraestructuras de saneamiento para que el tratamiento y la depuración de la Edar cumpla los requisitos técnicos y los estándares de calidad adecuados en la red de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo”. “Las consecuencias han sido nefastas: vertidos de aguas residuales urbanas e industriales con ”deficiente o inexistente tratamiento durante años y años a la zona costera de la ciudad, que han afectado y afectan hoy en día, además de al litoral urbano, a zonas urbanas consolidadas de los barrios Gran Vía Sur y San Gabriel y al Barranco de las Ovejas, este último de nivel de peligrosidad 1, de acuerdo al Patricova, en caso de lluvias torrenciales“, insisten.

Las aguas depuradas “cumplen” las normativas europeas

Tal y como ha explicado Aldeguer a elDiario.es, las aguas residuales generadas en la bahía de Alicante son depuradas principalmente en las estaciones depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia y “cumplen” con la Directiva Europea de tratamiento de aguas residuales urbanas.

El objetivo inicial de estas instalaciones era la reutilización de las aguas depuradas principalmente para uso agrario, “por ello se dotó a la instalación de Rincón de León de un tratamiento terciario más avanzado de ósmosis inversa”. Sin embargo, apunta el director general del Agua, hasta la fecha, esta reutilización, declarada de interés general del Estado y recogida en el plan hidrológico Nacional, “ha sido muy reducida, debido a la falta de infraestructuras de regulación (balsas de gran tamaño) y transporte hacia los puntos de aprovechamiento y al elevado coste de explotación, disuasorio para los regantes, por lo que el vertido final al mar es inevitable”.

Todo ello, insiste, “no ha sido óbice para que, desde la Conselleria, se hayan llevado a cabo los controles pertinentes tanto del efluente como del medio marino, para prevenir daños a la salud y al medio ambiente”.

Desde el punto de vista administrativo, explica Aldeguer que, debido al tiempo transcurrido desde la solicitud original de autorización del vertido y los años en que estuvo parado el expediente, así como a los cambios que se han producido en la normativa, “sobre todo en referencia a los sistemas de desbordamiento y alivios y los cambios habidos en el entorno, tanto urbanísticos como, principalmente, los de ampliación del Puerto de Alicante”, se aconsejó el inicio de un nuevo trámite con nuevos estudios y análisis de alternativas y la petición de nuevos informes a partir de 2015.

Informes “dilatados en el tiempo”

La consecuencia de este procedimiento, con informes de distintas administraciones que “se han dilatado en el tiempo” y la búsqueda de “soluciones reales además de las administrativas”, ha sido el acuerdo de un proyecto “complejo y muy ambicioso que ha requerido de una amplia colaboración entre todas las administraciones (estatal, autonómica y local) que busca el vertido cero y, por tanto, la eliminación o minimización del vertido de efluentes al dominio público marítimo-terrestre, y que va a disponer de fondos de reconstrucción europeos, imprescindibles para la financiación de las obras, y cuyo importe supera los 90 millones de euros de ejecución material”.

Esta solución se ampara, además, en el reciente plan hidrológico del Júcar aprobado por Real Decreto 35/2023. “Existe ya un documento de inicio a partir del cual se va a tramitar la evaluación ambiental del proyecto”, relata el director general, quien revela que también existe un borrador de resolución de la autorización que se ha enviado a las administraciones interesadas basada en la solución proyectada. “En esa resolución se incluyen las condiciones respecto a mejoras en la Edar y en los distintos alivios de la red municipal para adaptarse a la normativa sobre aguas residuales que está en fase de tramitación, aunque aún no aprobada por parte de la Unión Europea, por lo que cabe calificarla como muy garantista”, subraya.

En todo caso, y “adelantándose a este proyecto”, existe un convenio entre la Epsar y el Ayuntamiento de Alicante, “en virtud del cual está en ejecución un proyecto de mejoras ambientales (reducción de olores) en la depuradora de Rincón de León y de desdoblamiento de la estación de bombeo de San Gabriel que reducirá los alivios de la red”, indica Aldeguer, quien concluye explicando que se está redactando un proyecto para construir un tanque de tormentas en San Gabriel, “cuya ejecución se llevará a cabo una vez firmado el oportuno convenio entre ambas administraciones”.