CGT insta al Consell a negociar la reapertura de Canal 9 “desde el diálogo”
El sindicato CGT -que no aprobó el ERE de extinción de RTVV y que interpuso una demanda de nulidad en la Audiencia Nacional- ha expresado su deseo de solucionar el conflicto laboral en el ente público por medio de la negociación. Además, le recuerda al Consell lo que prometieron durante la pasada campaña electoral, que quedó reflejado en sus programas, “porque los trabajadores no somo los culpables”.
El sindicato sostiene que la Generalitat tiene la obligación de “depurar responsabilidades y perseguir el saqueo a que se sometió el ente público por parte de los anteriores gobernantes del Partido Popular”, al tiempo que recuerdan que su postura “siempre ha sido la misma desde que se decidió firmar el ERE de extinción y se presentó la demanda, ”defender los puestos de trabajo y recuperar el servicio de radio televisión con unos medios públicos y de calidad“.
La CGT denuncia la situación “desoladora” en la que el PP dejó RTVV, “dos ERE -uno declarado nulo por el TSJCV y otro de extinción-, 1.600 despedidos, cientos de demandas individuales además de la de la CGT, un sector audiovisual asolada, la única radio televisión pública cerrada en Europa...”.
A todo ello, prosiguen, hay que sumarle los problemas jurídicos derivados de la forma en que se cerró RTVV, por lo que la plataforma sólo concibe la vía del diálogo como “único camino para desbloquear esta situación y dar así solución tanto al tema laboral como para conseguir que la sociedad valenciana recupere rápidamente unos medios de comunicación de calidad”.
De este modo, la CGT manifiesta que la actuación de los responsables del nuevo ejecutivo valenciano hasta el momento ha sido “frustrante. Hemos pasado de ser compañeros de pancarta y hacerse fotos con nosotros en campaña a manifestar públicamente que el problema está en que no escuchamos lo que queremos oír... aunque es lo mismo que nos prometieron en campaña”.
Por lo que respecta a la respuesta a la voluntad negociadora, el sindicato explica que tan sólo han sido “unas pocas reuniones con el Alto Comisionado, algunas de forma rápida e improvisada, en las que se nos dejó muy claro que entre sus funciones no está la de negociar un acuerdo laboral global que solucionaría el problema de los despidos”.
Propuesta “sin líneas rojas ni cerrada”
La propuesta inicial del Comité de Empresa al nuevo gobierno, “que no contiene líneas rojas ni es cerrada, ha sido rechazada ofreciendo como únicas alternativas tan descabelladas abrir con 50 trabajadores y después con 200, o una televisión sin trabajadores que comenzaría a emitir el 9 d'Octubre”.
Estas ideas son, según la plataforma sindical, no son más que “cortinas de humo que en caso de que se lleven a cabo, supondrían una burla para los valencianos y contribuirían aún más a judicializar el asunto”, por lo que han demandado en repetidas ocasiones una reunión de alto nivel con los máximos responsables de los partidos que sostienen el Gobierno, “reuniones que no se han producido al no recibir respuesta”.
Según denuncian, el único intento de diálogo recibido ha sido “la invitación a participar en la primera sesión del Fòrum Social de l'Audiovisual” promovido por Podemos. “Agradecemos esta invitación, pero este foro no es el lugar para tratar el derecho laboral de los trabajadores”, matizan.
Ante esta “falta de diálogo y el bloqueo de la situación”, CGT insiste en que el diálogo es el “único camino”, aunque puntualizan que la espera “no será eterna”, al tiempo que no descartan acciones que hagan “recapacitar al gobierno”.
Juicio por la demanda de nulidad
De otro modo, la CGT explica que si finalmente se celebra el juicio y se declarara el ERE ajustado a derecho, “la plantilla se quedaría en la situación actual y hasta junio de 2017 los trabajadores tendrían algún tipo de preferencia en caso de reapertura (punto 6 del acuerdo del ERE)”.
Mientras que si el ERE se declara improcedente o no ajustado a derecho, “la Generalitat elegiría las personas incluidas en el ERE que volverían a la empresa y, por tanto, deberían devolver la indemnización percibida y las cantidades cobradas del SEPE, pero cobrarían los salarios de tramitación. El resto de la plantilla tendría derecho a cobrar la diferencia entre la indemnización cobrada y la cuantía prevista por despido improcedente”.
Si el ERE se declara nulo, “debería readmitirse a toda la plantilla, y los trabajadores deberían devolver la indemnización y lo cobrado por el SEPE, y tendrían derecho a salarios de tramitación”, la solución de mayor coste, ya que podría llegar al millón de euros semanales“, y añaden, ”si el problema judicial se alargara por un periodo de 3 años estaríamos hablando de un coste total de 150 millones de euros, además de la posible recolocación de los trabajadores“.
