El otoño de los ERE: de la prueba pericial a la sentencia, pasando por un posible adelanto electoral en Andalucía

Cuando agosto ha puesto la pausa al maratón de sesiones del juicio de los ERE, los ojos están ya puestos en el mes de septiembre, principalmente a partir del próximo martes 11 con la práctica conjunta de la prueba pericial. Es decir, más allá de las consideraciones de los unos y de los otros, de las manifestaciones de acusados y testigos, el tribunal escuchará ahora las valoraciones técnicas que tomará de base para condenar o absolver a los 22 enjuiciados por el caso de los expedientes fraudulentos en la Junta de Andalucía.

Pero más allá de engordar técnicamente el centenar de sesiones que ya se han celebrado, las miradas se dirigen ya al resultado final, a la sentencia, a quién pagará penalmente con el fraude y a cuáles serán las consecuencias políticas de la causa que estalló en 2011. Los plazos de los que se hablaba hace poco auguraban una coincidencia entre el fallo judicial y las elecciones andaluzas si se agotaba la legislatura, como mantiene a día de hoy la Junta, si bien sigue habiendo voces de que los comicios se podrían adelantar a finales de año. Mientras, los tiempos judiciales son los que son y ya pocos se mojan a la hora de poner fecha al final del juicio. “Depende de cómo vaya a partir de la reanudación”, señalan prudentes fuentes del TSJA.

“El calendario electoral no manda en política, mandan las circunstancias”, decía a finales de julio una persona muy próxima a la presidenta andaluza. El entorno de la presidenta de la Junta no tiene tan claro como hace unos meses que no les beneficie que generales y andaluzas coincidan, aunque Díaz se inclina por convocar por separado para que las urnas decidan en una “elecciones en andaluz, con acento andaluz y hablando de Andalucía” como dijo a la Cadena Ser antes de las vacaciones.

La hora de los peritos

Pero volviendo al caso de los ERE la cuestión es que, una vez han sido interrogados los acusados y ya han contado su versión de los hechos la mayoría de los testigos, le toca el turno a las periciales. De hecho, el 11 de septiembre acudirá a la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla el equipo de peritos designado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), por encargo de la jueza Mercees Alaya, entonces instructor, para elaborar un informe “contable” cuyas conclusiones jurídicas han sido la base de las acusaciones.

El primero en declarar ese día iba a ser el perito director, Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, que, en el mismo año que presentó el informe (2013), prorrogó su puesto como administrador judicial de Orange Market y Orange Factory, empresas de la trama Gürtel. Su informe consideraba “fraudulento” el uso de transferencias de financiación para sufragar los ERE e incriminó a varios exconsejeros, ahora sentados entre las sillas de los acusados.

Pero una providencia fechada a finales de julio le ha eximido de comparecer al acto del juicio a fin de prestar declaración al no encontrarse en condiciones de declarar, como concluye el informe del médico forense. Serán sus compañeros quienes deberán explicará cómo llegaron a la conclusión de que la Junta había “prescindido absolutamente del procedimiento legalmente establecido” para otorgar las ayudas de las que se nutrieron los ERE con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros muchísimos aspectos.

El contrainforme de Griñán

Entre las consideraciones más destacadas por los peritos estuvieron las relacionadas con las transferencias de financiación, cuyo uso pusieron muy en entredicho al considerarlas un instrumento “inadecuado de acuerdo con la ley”. Esta figura, que ha estado muy presente en el juicio que se viene celebrando estos meses, se mencionó en la causa de los ERE por primera vez en diciembre de 2010, en el considerado primer atestado policial del caso, pero no fue hasta su informe, que ratificaron en el juzgado (febrero 2015) y luego en el Tribunal Supremo (mayo 2015), cuando señalaron que su uso sirvió para evitar el control de las ayudas. De nada sirvió el intento del expresidente Griñán de presentar un contrainforme pericial pero sus autores, los catadráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, podrán defender su tesis en el juicio ya que son testigos de la defensa.

En todo caso, unos días antes de que empiece a declarar el equipo de peritos de la IGAE, el 5 de septiembre, podría aclarar algunas cuestiones sobre la materia la que fuera directora general de Trabajo del Gobierno español entre 1991 y 2004, Soledad Córdova, que ya acudió al juzgado instructor poco después de que el Gobierno central reconociera que usó y sigue usando la concesión directa en las ayudas sociolaborales de la misma forma que la Junta de Andalucía, al menos en cuanto a la discrecionalidad, tras la solicitud de la empresa o los trabajadores y una memoria que las justificase.

“¿Considera usted que la actuación de la Junta incurre en algún tipo de ilegalidad?”, le pregunto la jueza María Núñez Bolaños. “Para nada”, respondió Soledad Córdova. Según su declaración judicial, que publicó este periódico, Junta y Estado aplicaron “estrictamente” los criterios de la Orden Ministerial de 1995 para la concesión de ayudas sociolaborales excepcionales. La investigada afirmó que la administración andaluza tenía “plenas competencias” para ello aunque dijo desconocer el procedimiento que usó la Junta.

Últimos testigos

Para las sesiones del martes 4 y miércoles 5 de septiembre, el tribunal ha citado a diez testigos para concluir con la prueba testifical, que finalmente ha quedado reducida a menos de 140 después de las renuncias expresadas ante el tribunal por las defensas.

Entre los testigos que restan por declarar se encuentran Victoria Pérez Martínez, el exconsejero de la Cámara de Cuentas Antonio Marmolejo, el ex director general de Formación para el Empleo y ex coordinador general de la Viceconsejería de Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado, el exmiembro del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), y exdirector de Industria de la Consejería de Empleo Jesús Nieto González --quien estuviera imputado en esta causa de los ERE--, y Manuel Sivianes, quien fuera jefe de servicio de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

El miércoles están citados el ex jefe del servicio de Presupuestos de a Junta Eduardo Segura Daza, la extitular del Servicio de Presupuestos y Gestión Económica de la Consejería de Empleo Isabel Carrillo Montero, el ex interventor adjunto Luis Hinojosa Gómez, la mencionada directora general de Trabajo del Gobierno español entre 1991 y 2004, Soledad Córdova Garrido y, por último, Margarita Regli, letrada jefe de la Cámara de Cuentas.