Los acusados en el 'caso Alquería' con contratos de alta dirección niegan donaciones a partidos: “Ni las pidieron ni las hice”

Acusados en el juicio del 'caso Alquería'.

Algunas de las personas que obtuvieron un contrato de alta dirección en la extinta empresa pública Divalterra han negado que estuvieran afiliados a algún partido político o haber hecho donaciones: “Ni me las pidieron ni las hice tampoco”.

Así se ha pronunciado Manuel Carot, uno de los siete acusados de haber sido “enchufados” en Divalterra, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por el 'caso Alquería', que suma 14 imputados por contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en Divalterra para favorecer al PSPV-PSOE y a Compromís.

Carot, quien al igual que sus compañeros de banquillo únicamente ha querido responder a las preguntas formuladas por las defensas, ha explicado que unos antiguos compañeros de Imelsa —estuvo ocupando un puesto de brigadista en el Consorcio— le comentaron que se iba a haber un proceso selectivo en Divalterra.

Así, ha indicado que se informó de los puestos, consiguió el teléfono del gerente de la empresa pública, José Ramón Tíller, le llamó y éste le pidió su currículum. Previamente ya le había remitido por correo su experiencia y formación académica.

Tras ello, hizo dos entrevistas con Tíller. En la primera de ellas intercambiaron ideas sobre un proyecto de vías verdes y, en la segunda, le entregó una ampliación de su currículum por un curso que no había incluido. En ese momento Tíller le comentó que había más gente que optaba al puesto.

Pasado un tiempo le volvieron a llamar para indicarle que le habían seleccionado y fue citado para firmar el contrato. Lo leyó pero, según ha matizado, no participó en su redacción. Sobre su contenido ha dicho que no se le explicó que se trataba de un contrato de alta dirección ni los requisitos. Leyó que ponía “algo” de un artículo 12 pero “no sabía que era eso”. “Ni se me llegó a ocurrir que aquello podía ser una cosa errónea. Ni idea”, ha subrayado.

Preguntado por si se le pidió como requisito para ocupar el puesto hacer donaciones a algún partido político, el acusado, que se encargó del área de zonas verdes, ha contestado que “no”. “Ni las hice tampoco”, ha apostillado.

Otro de los acusados, Miguel Ángel Ferri, con formación en gestión ambiental y dirección de equipos, ha explicado que se enteró de las plazas en Imelsa “por el boca a boca”. Así, decidió mandar su currículum y “un tiempo después” le llamaron desde la empresa pública para una entrevista.

“Me personé allí el día que me dijeron y tuve que esperar porque estaban entrevistando a otra gente. Me entrevisté luego con el gerente, que se interesó por mi currículum, mi formación y mi experiencia en el sector forestal”, ha expuesto.

Le volvieron a llamar para otra entrevista “mucho más concreta”, en la que hablaron sobre diferentes proyectos y le preguntaron si seguía interesado en el puesto. Ha indicado que se lo pensó puesto que acababa de aceptar un puesto en Ontinyent pero finalmente aceptó.

Así, en noviembre de 2015 firmó el contrato y abandonó la empresa pública de manera voluntaria en diciembre de 2017. Interpelado por si entendía lo que se exponía en el contrato, ha respondido que observó las funciones directivas y el gerente le comentó que se trataba de un puesto de alto directivo y que estaba vinculado a la confianza.

Ha resaltado, a preguntas de su letrado, que ni ha militado ni milita en ningún partido político y ha defendido que el área en el que trabajaba no fue creada 'ad hoc' y que tras dejar su cargo, se sostuvo y le sustituyó Víctor Jiménez, otro acusado. Ha indicado que hacían muchos proyectos y que había diferentes trabajadores.

Precisamente Jiménez, en su turno de palabra, ha expuesto que entró en Divalterra en 2018 y previamente a ocupar su puesto mantuvo varias reuniones con Ferri para conocer los trabajos que estaban en marcha: “Era un área con mucho contenido y siempre tuve la sensación de que se había hecho muy buen trabajo”, ha aseverado.

Sin advertencias

El acusado ha indicado que nadie le advirtió en ese momento de ninguna ilegalidad: “En ningún momento nadie me advierte de nada de lo que nos ha traído aquí a declarar esta mañana”. Así que firmó el contrato en el consejo de administración. El contrato se lo habían reenviado por correo y no se podía modificar nada salvo los datos personal. “Lo demás estaba decidido por recursos humanos. Yo no podía modificar el clausulado”, ha señalado.

Sobre las contrataciones de alta dirección de 2015 cuestionadas por la Fiscalía, el acusado ha manifestado que no tuvo nada que ver. “En ese momento era concejal de Hacienda en Rocafort y mi trabajo en ese municipio era muy absorbente. No tenía ninguna vinculación, de manera directa o indirecta, con Divalterra y no tengo nada que ver con las contrataciones de 2015”, ha insistido. “No comprendo muy bien qué es lo que ha pasado y no sé que hago en esta mesa declarando ante ustedes”, ha concluido.

Por su parte, el último de los acusados, Salvador Femenia, con experiencia en forestales y carreteras, ha señalado que aportó su currículum y le llamaron para varias entrevistas en Divalterra. Luego le seleccionaron y firmó el contrato. “Y al día siguiente al trabajo”, ha subrayado.

Sobre el contrato, ha manifestado: “Tenía un contrato de una señora administración que era la Diputación de Valencia. Te ves delante de un contrato de Divalterra y entonces lo firmas y a trabajar con la ilusión de todo el mundo. No lo lees. Sabía que era de alta dirección y la remuneración anual. Luego, a trabajar”, ha aseverado.

El acusado, que ha negado haber formado parte del consejo de administración de Imelsa o Divalterra, ha señalado que en junio de 2017 dejó el cargo de forma voluntaria sin indemnización y ha dicho que se enteró de que los contratos podían tener una deficiencia legal en febrero o marzo de 2018. “Ahí me enteré del jaleo”, ha apostillado.

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