El fiscal pedirá cárcel para 3 cargos de Camps por contratar a Urdangarín
El fiscal del caso Nóos plantea en el borrador de su escrito de acusación pedir penas de cárcel para tres exaltos cargos de los gobiernos de Francisco Camps en la Generalitat por delitos de prevaricación, fraude y malversación.
Los acusados están implicados en diverso grado en la contratación a Iñaki Urdangarín de actos por valor de casi 4 millones de euros sin concurso público o estudio que lo justificara. Por una parte, la empresa de Urgandarin cobró unos 3,6 millones por organizar tres ediciones de la Valencia Summit, un congreso relacionado con los grandes acontecimientos deportivos. Además, Noos se embolsó 382.000 euros del contribuyente por un estudio sobre unos eventuales Juegos Europeos que, por supuesto, nunca se celebraron.
Los imputados, todos fuera de la administración tras desvelarse su supuesta participación en el caso, son dos exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), Jorge Vela y José Manuel Aguilar; Luis Lobón, ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos; la antigua responsable jurídica de Cacsa, Ángeles Mallent, y la exdirectora de gestión, Elisa Maldonado.
Según el fiscal, todos ellos, en ejercicio de sus cargos, participaron en las adjudicaciones ilegales a Urdangarín, para quien el fiscal pedirá al menos 10 años de prisión. La petición de pena no será tan dura para los implicados en la rama valenciana del caso Nóos. De confirmarse el borrador que maneja la fiscalía, Vela, Aguilar y Lobón se enfrentarán a peticiones de prisión de entre 5 y 11 años.
Maldonado y Gallent, dos técnicos con gran responsabilidad pero, en principio, sin capacidad de tomar decisiones sobre contratación, están sólo acusadas de prevaricación. De ser finalmente juzgadas y condenadas de acuerdo con la petición del fiscal, sólo serán inhabilitadas para cargo público. Salvo que la investigación, que está en su fase final, de un giro, Francisco Camps y Rita Barberá, que han declarado como testigos en el caso, quedarán totalmente desvinculados del asunto.
Generalitat y Ayuntamiento de Valencia
La alcaldesa de Valencia ya aseguró ante el juez Castro que nunca ordenó contratar a Urdangarín, quién además le engaño. Lo bien cierto es que uno de los clientes del yerno del Rey en la Comunidad Valenciana era la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, una entidad jurídicamente privada pero de facto controlada por el Ayuntamiento.
Camps también declaró como testigo, tras su rocambolesca desaparición inicial, en el caso. De hecho, el otro cliente valenciano del marido de Cristina de Borbón era Cacsa, una empresa controlada por la Generalitat. Al parecer, aunque Vela, Aguilar y Lobón declararon que los encargos a Urdangarín venían impuestos por la cúpula del gobierno valenciano, nada prueba la implicación de Camps u otros miembros de su gobierno en el asunto.
