Un juez obliga a Nuevas Generaciones de Alicante a celebrar un congreso extraordinario tras nueve años sin convocarlo

Álvaro Alarcón, militante de Nuevas Generaciones, ha conseguido con un abogado de oficio que la organización juvenil del PP de Alicante tenga que celebrar un congreso extraordinario tras nueve años. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante ha estimado la demanda interpuesta por Alarcón y ha acordado la convocatoria de los militantes y afiliados de Nuevas Generaciones a un “congreso o asamblea a realizar en su sede social” en una sentencia que no es firme y contra la que cabe recurso de apelación.

El juez recuerda que los estatutos de la organización juvenil reconocen el derecho de los militantes a elegir al presidente regional, provincial y local a través de un congreso. “No cabe admitir”, afirma la sentencia, que Nuevas Generaciones de Alicante “continúe desde octubre del 2017 sin elección de un presidente”.

“Una cosa es que circunstancias excepcionales 'graves' permitan nombrar comisiones que gobiernen transitoriamente algunas d ella organizaciones territoriales y otra muy distinta que se esté privando a los militantes de su derecho de sufragio para la elección de un presidente desde hace más de cuatro años”, abunda el juez, que recuerda que el plazo transitorio para una gestora es de seis meses.

Así, no consta “cuáles eran esas razones excepcionales graves que justificaban la no convocatoria de un congreso o la no elección de un presidente”. Desde 2019, “no ha habido ningún proceso electoral”, agrega la sentencia. El magistrado reprocha a la organización juvenil que no atendiera el requerimiento notarial que, de forma extrajudicial, planteó el militante. “Pretender que un partido democrático no puede seguir un procedimiento democrático para el nombramiento de sus presidentes por el hecho de que haya procesos electorales carece de sentido”, concluye. “De ser así”, abunda el fallo, “nunca resultaría procedente la participación de los afiliados en la elección de sus cargos”.

Nuevas Generaciones, representadas por el letrado Manuel Villar Sola, concejal en el Ayuntamiento de Alicante y asesor jurídico del grupo municipal popular, no compareció en la vista. Quien sí lo hizo como testigo fue Juan Carlos Caballero, expresidente autonómico de la organización juvenil, quien reconoció que fue nombrado a través de un congreso, al igual que su antecesor. Las declaraciones de los testigos “evidencian” que las decisiones sobre la convocatoria de congresos “aparecen subordinadas a los intereses electorales en cada momento del Partido Popular”, reza la sentencia.

“Sienta un importante precedente” para el resto de gestoras

Adrián Santos, el último presidente de Nuevas Generaciones de Alicante, fue elegido en un congreso en 2013 y dimitió dos años más tarde. “Han transcurrido cerca de nueve años desde la última posibilidad de los afiliados de decidir democráticamente a su presidente”, recuerda el juez. La sentencia impone el pago de las costas a la organización juvenil y evidencia que “la independencia judicial sigue siendo uno de los pilares” de la democracia, ha dicho el militante que interpuso la demanda en un comunicado.

Álvaro Alarcón, representado por el abogado Eduardo Yagües Fabregat , también ha agradecido el “buen funcionamiento” del turno de oficio del Colegio de Abogados de Alicante para que los ciudadanos con recursos limitados “puedan enfrentarse, en legítima protección de sus derechos, contra los poderes políticos con recursos económicos muy superiores”.

La sentencia, destaca Alarcón, “emplea una argumentación idéntica a la que estos meses ha mantenido” la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para aplicar los estatutos del PP y celebrar un congreso regional del partido.

El juez recoge la doctrina del Tribunal Supremo que condenó en 2020 al PP “liderado entonces por [Mariano] Rajoy por idénticas circunstancia”. Además, sostiene el demandante, “sienta un importante precedente jurisprudencial que podría desbloquear la celebración de otros congresos como el que Ayuso reclama en Madrid, dando solución por la vía de los tribunales a las decenas de gestoras que el partido mantiene en toda España en contra de sus propios estatutos”.