El Gobierno valenciano prevé duplicar la compra de vivienda pública con la adquisición de 650 pisos en 2021

El Gobierno valenciano prevé comprar 650 viviendas en 2021 para incorporarlas al parque público con una inversión de 36 millones de euros. La cifra supone duplicar la adquisición de viviendas de 2020, que fue de 321, para las que invirtió 14 millones de euros, mientras que en 2019 se adquirieron 51, con un gasto de 3,6 millones de euros.

La Conselleria de Vivienda que dirige el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem), cuenta con tres mecanismos para incorporar a viviendas al parque público: la compra por concurso -mecanismo habitual en la Administración-, la compra directa y la compra mediante el derecho de tanteo y retracto, una fórmula que permite intervenir operaciones inmobiliarias para priorizar al sector público.

El decreto que permite ejercer el derecho de tanteo y retracto es uno de los orgullos del vicepresidente segundo, pese a que la fórmula legal ya existía antes de su llegada. De hecho, en 2019 ya se adquirieron 10 viviendas con esta vía. En 2020, cuando se modificó el decreto para dotarlo de agilidad, la cifra se multiplicó hasta las 216 a través de este derecho. Su ejercicio permite adquirir viviendas mucho más baratas que con la compra directa, ya que se pueden intervenir operaciones en las que bancos, inmobiliarias u otros agentes se 'deshacen' de paquetes completos. La semana pasada, el departamento de Dalmau se enorgullecía de adquirir dos viviendas por un euro y una tercera a 29, que iban a ser vendidas de una entidad financiera a un fondo de inversión, valoradas entre 38.000 y 48.000 euros, a la baja.

Las previsiones de vicepresidencia parten del informe del Observatorio del Hábitat, que se basan en haber triplicado las ofertas el pasado año. Por tanteo y retracto, “considerando que se irán dando oportunidades durante el año entero”, se prevé incorporar 400 viviendas; otras 130 viviendas por compra directa y 120 por concurso.

El informe recuerda el estado pésimo en el que se encontraba el parque público de la Generalitat Valenciana durante la última década, con gobiernos del PP. En 2007, indica, se contaba con 35.000 viviendas, mientras que en 2019, última fecha con censo cerrado, apenas llegaban a 12.572. De esa cifra, cerca de 500 necesitaban rehabilitación, tarea que ocupó buena parte de los esfuerzos de la exconsellera socialista Maria José Salvador. 532 de esas viviendas están pendientes de alguna rehabilitación para ponerlas en uso.