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Opinión - Ir al grano. Por Rosa María Artal

La nueva secretaria del Consell Social de la Universitat de València fue jefa de prensa en la Generalitat con el PP y contratada en Ciegsa

Ángela Pérez, presidenta del Consell Social de la Universitat de València.

Laura Martínez

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La Generalitat Valenciana nombra secretaria del Consell Social de la Universitat de València a una exjefa de prensa del Gobierno autonómico en la etapa del PP. El Diari Oficial de la Generalitat publicó el lunes una resolución de la Conselleria de Educación, que dirige José Antonio Rovira, que coloca a Encarna Mazón Ballester como parte del órgano colegiado universitario de participación de la institución académica.

La propuesta, según consta en la resolución, se produce a través de la nueva presidenta del Consell Social, Ángela Pérez, designada el 15 de febrero en sustitución de Vicent Soler. La presidenta del Consejo Social de la Universitat de València, mediante escritos de 14 y 21 de febrero de 2024, propone el nombramiento de Encarna Mazón Ballester y el cese de Vicente Boquera Amil, nombrado por Orden de 2 de diciembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, según indica el DOGV.

Mazón Ballester fue jefa de gabinete del conseller de Educación Alejandro Font de Mora en 2008 y después jefa de gabinete del conseller de Presidencia, José Císcar, ya en el último gobierno del PP con Alberto Fabra al frente. También había trabajado en protocolo de la Generalitat Valenciana en la anterior etapa popular. Después pasó a la empresa privada, hasta que en 2017 se incorporó como directora a la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València, según consta en su currículum.

Antes de ser la responsable de gabinete, la hoy secretaria del Consell Social, que tiene consideración de funcionario A1 nivel 30, según consta en el presupuesto de la Universitat de València, fue trabajadora en Ciegsa y en la Fundación Jaume II el Just. Su nombre aparece en la lista de “trabajadoras zombis” que determinó la comisión de investigación parlamentaria del 'caso Taula'. Mazón Ballester no fue acusada en la pieza judicial que abrió la Audiencia Provincial de Valencia ni, por tanto, condenada. Los grupos parlamentarios remitieron las conclusiones a la Fiscalía Provincial de València, que archivó las diligencias.

La documentación puesta a disposición de los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes en el marco de la comisión de investigación del caso Taula permitió acceder a la lista de trabajadores y trabajadoras de la Fundación Jaume II el Just. Según datos de la Fundación Jaume II el Just, había empleados compartidos: y tres trabajadoras que aparecen en la lista de Ciegsa también figuran como empleadas en la fundación que gestionaba el monasterio de Simat de la Valldigna, impulsada por Francisco Camps, entre ellas Mazón Ballester.

Según denunciaron PSPV y Compromís, estuvo contratada por la fundación con un contrato de alta dirección desde noviembre de 2006 hasta el 12 julio de 2007. El 10 de julio de ese mismo año, Máximo Caturla, entonces al frente de la empresa de construcción de colegios, autorizó su contratación para Ciegsa a través de una ETT como oficial administrativa y recepcionista con un salario neto anual de 25.200 euros, denunciaron los socialistas. Trabajó para la empresa de construcción de colegios Ciegsa hasta que en 2008 el Conseller Font de Mora la nombró directora de su gabinete.

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