La falta de control y los múltiples litigios, argumentos de Montón para recuperar el hospital de Alzira
La resolución que abre, de hecho, el procedimiento destinado a recuperar dentro de un año para la sanidad pública el hospital de Alzira y el área de salud de la comarca de la Ribera, privatizados en su momento por el PP, parte de dos constataciones iniciales: los términos de la concesión “no ofrecen ninguna duda de que el plazo inicial de duración del contrato quedó establecido en quince años” y “la prórroga por cinco años quedaba condicionada a que hubiera un acuerdo entre la Administración y el contratista”.
De esta manera rebate el documento enviado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que dirige Carmen Montón, el primer argumento de Ribera Salud, la concesionaria del hospital de Alzira. El segundo viene como consecuencia de ese. No hay prórroga tácita. “La decisión de prorrogar es la manifestación de la voluntad de las partes. No es una obligación para la Administración ni un derecho para el concesionario”, señala.
En respuesta a pruebas periciales presentadas por Ribera Salud para demostrar la eficiencia del modelo para el sistema sanitario, para los profesionales y para los pacientes, la Generalitat advierte de que “no va a emitir valoraciones en torno a la validez o efectividad de los modelos de colaboración público-privada”, pero puntualiza dos aspectos: que el Tribunal Constitucional no ha considerado si es positivo o no el modelo, como alega Ribera Salud, sino únicamente que “tiene cabida” en la ley, y que en materia de calidad asistencial no es mejor ni peor un hospital privatizado que otro de gestión pública.
Autoorganización del sistema sanitario
El gobierno surgido del Acuerdo del Botànico, como recuerda la resolución, ha establecido como una de sus líneas estratégicas “la recuperación del control público de las concesiones sanitarias a medida que finalicen sus contratos”. La potestad discrecional de la Administración, sin embargo, no equivale a arbitrariedad porque se trata de un planteamiento razonado.
Y esgrime sus dos grandes motivos. En primer lugar, la capacidad de “autoorganización” para garantizar la integración y homogeneidad del sistema sanitario público. “Esta Administración”, advierte el documento, “considera que, en un ámbito esencial para las personas como es el de la salud, las cuestiones económicas, sin dejar de ser importantes, no deben ser el elemento determinante a la hora de diseñar y planificar el modelo sanitario público”. Y añade: “La existencia de departamentos de salud gestionados por empresas privadas, cuyos fines/medios difieren de los que persigue una administración pública, representa un obstáculo para cualquier adaptación o cambio en la ordenación, organización y planificación sanitaria”.
En segundo lugar, y muy destacadamente, la conselleria resalta “las deficiencias” en el contrato y su ejecución. El conflicto para la determinación del precio (“el componente más estable del contrato”, dice) es la principal. Pero también lo son el hecho de que no contemple “criterios para evaluar la calidad de la prestación del servicio” y la ausencia de penalizaciones ante posibles problemas en la prestación de la asistencia sanitaria.
Los problemas para establecer las liquidaciones que las concesiones sanitarias deben pagar a la Generalitat son otro de los argumentos de la resolución. La conselleria señala que “todos los contratos que rigen el modelo concesional (departamentos de la Ribera,, Torrevieja, Elx-Crevillent, Dénia y Manises)” utilizan el modelo que se utilizó para la licitación del área de la Ribera en 2003, que es una variante del que se utilizó en 1997 para adjudicar el hospital de Alzira. Y por ello, “esta falta de claridad de los contratos queda patente en la dificultad que tiene la administración para aprobar las liquidaciones”.
La gran litigiosidad
La consecuencia es una elevada “litigiosidad” entre las concesionarias y la Administración, aunque la resolución enfatiza que en realidad se trata de litigios con una sola empresa. “No hay que obviar”, indica, “que Ribera Salud, SA es accionista mayoritaria, con porcentajes superiores al 90%, en tres de esas concesiones (La Ribera, Torrevieja y Elx-Crevillent) y posee el 35% del accionariado de la concesionaria Marina Salud SA”.
La resolución refleja una relación de los litigios con las concesionarias. Se trata de ocho procedimientos, tres de ellos por supuestos casos de corrupción, el resto de tipo económico. Según esa relación, el departamento de la Ribera tiene abiertos dos litigios sobre la liquidación económica; el de Torrevieja uno sobre “reequilibrio económico”, otro sobre venta accionarial y un terecero sobre “presunta facturación irregular”, y el de Elx-Crevillnet, un caso por la liquidación. Ribera Salud es investigada en los tribunales por posible malversación y por el funcionamiento de la central de compras B2B Salud.
Sobre los casos de facturación irregular que se están investigando, la Conselleria de Sanidad trasladó el pasado mes de enero a la Abogacía de la Generalitat las presuntas irregularidades detectadas por la Dirección General de la Alta Inspección en las cinco concesionarias sanitarias de la Comunitat Valenciana respecto a la posible doble facturación de pacientes de Urgencia extra cápita.
En concreto, en el Hospital de Alzira estas presuntas irregularidades alcanzarían los 2,6 millones de euros, lo que representa el 25% de la facturación total que se hace en Urgencias a pacientes fuera de cápita. En el resto de concesionarias la cifra es menor, aunque la Conselleria no concretó cuánto.
Por otra parte, el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia está investigando el presunto cobro de hasta un millón de euros en comisiones por parte de la central de compras de Ribera Salud B2B por las prótesis y material sanitario que utiliza en los hospitales y centros de salud de la concesionaria (Alzira, Torrevieja, Dénia y Elx-Crevillent).
