Un juzgado investiga el saqueo de 760.000 euros al Colegio de Médicos de Alicante
El Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha admitido a trámite la querella de la Junta del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) contra su exgerente en los últimos 16 años, José Manuel Coloma, por presuntamente haber desviado 760.000 euros de las liquidaciones de las pólizas colectivas de responsabilidad civil que el organismo tiene suscrito con la correduría de seguros.
La nueva Junta resultante de las elecciones de marzo de 2018 sospechaba de un agujero en Semeco, correduría exclusiva del colegio, de 500.000 euros, que han ascendido en 160.000 euros tras encargarse una serie de auditorías entre 2014 y 2018. La presidente del COMA, María Isabel Moya, ha venido insistiendo en que el que fuera el gerente del colegio oficial entre 2002 hasta su baja voluntaria por jubilación el 31 de mayo de 2018, hacía y deshacía con total libertad y sin levantar las sospechas de sus compañeros.
Ahora, el juzgado alicantino debería investigar si, como mantiene la defensa del COMA, Coloma podría haber incurrido en un delito societario, de estafa y de apropiación indebida. El abogado de la sociedad médica, Guillermo Llago, no descarta que conforme avancen las pesquisas se pueda sumar el delito de falsedad en documento mercantil.
De momento, el próximo 12 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante tomará declaración al exgerente quien durante los años auditados actuaba también como administrador de la correduría Semeco. Pero faltaría por averiguar la responsabilidad de la sociedad que se encargaba de gestionar las liquidaciones que hacía el COMA de la prima del seguro en caso de ausencia de siniestros. Por ello la querella también se ha interpuesto y también está llamado a declarar el administrador de dicha sociedad, Trust Ibérica Agencia de Suscripción S.L. Por último, declararán como testigos José Pastor y Antonio Arroyo, los presidentes del COMA durante los años que duró el supuesto saqueo.
Asimismo, todavía está por aclarar el papel jugado por José Manuel Coloma, economista de profesión, en los años anteriores a 2014, fecha de inicio de la querella. Fuentes conocedoras del caso no descartan que el agujero sea mayor, al menos hasta 2009 que es el año que marca el límite de los diez años de prescripción por esta clase de delitos.
Por lo tanto, en una siguiente fase se tratará de investigar el periodo 2009-2013. Aunque de momento, el COMA no tiene una estimación real al no haber podido contrastar los pagos que se han hecho porque la aseguradora era una sociedad británica cuyo ingreso por las liquidaciones de la póliza aún no se lo han especificado.
