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La Generalitat Valenciana inicia el proceso para sancionar a Ribera Salud por retener información del hospital de Torrevieja

El hospital de Torrevieja.

"Desde la Subsecretaría de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática se ha tenido conocimiento de que se están produciendo problemas relacionados con la titularidad de los datos impidiendo, la empresa concesionaria, el acceso a determinada información y sistemas necesarios para que el proceso de reversión se realice con todas las garantías para asegurar la prestación del servicio público sanitario. Estos problemas con la titularidad de los datos de carácter personal podrían suponer un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, en concreto para el derecho a la vida y a la salud de los pacientes del sistema público sanitario de la Comunitat Valenciana".

Así reza el requerimiento que ha remitido la delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que dirige Rosa Pérez, tanto a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública como a Ribera Salud, con el objetivo de contrastar si la información reclamada por el departamento que dirige la consellera Ana Barceló a la compañía el pasado mes de octubre sigue sin remitirse cuando faltan tres meses y medio para que caduce la concesión y vuelva el hospital a la gestión pública.

El requerimiento es el inicio de una inspección que pretende dirimir si la retención de la mencionada información, necesaria para acometer la transición de la gestión privada a la gestión pública del departamento sanitario, es de titularidad pública, lo que implicaría una infracción de la Ley de Protección de Datos.

Si así fuera, se aplicaría la correspondiente sanción con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos, puesto que no se puede negar a la administración el acceso a unos datos que son de la propia administración.

A priori, se podría enmarcar en una sanción muy grave por un tratamiento de datos sin la legitimación necesaria que además puede afectar a derechos fundamentales, lo que puede acarrear una sanción de hasta 20 millones de euros o del 4% del volumen de negocio de la empresa.

Como informó elDiario.es, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública envió a la compañía el 15 de octubre de 2020 un escrito en el que se le informaba de las normas de reversión del servicio y requirió documentación relativa a los medios materiales y personales de todo el departamento de salud para planificar la recuperación del servicio un año más tarde, al finalizar el contrato de 15 años otorgado por el anterior Gobierno del PP.

Sin embargo, la empresa ha recurrido judicialmente todas las resoluciones para dificultar la transición de la gestión privada a la pública y, al estar este trámite pendiente resolución, aún no consta que se haya trasladado la mencionada información.

Desde que la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, anunció el inicio del proceso de reversión del Hospital de Torrevieja, la concesionaria, Ribera Salud, está utilizando maniobras dilatorias para intentar paralizar un procedimiento que finalizará el próximo 15 de octubre, cuando el hospital y el área de salud vuelvan a ser gestionados directamente por la Generalitat Valenciana.

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