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El Gobierno valenciano dará 30 días a los ayuntamientos para pedir ayudas por los daños de los incendios y preparará un plan de reactivación

Paraje carbonizado en el incendio de Bejís.

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Establecer un plazo de 30 días para que las corporaciones locales puedan presentar las estimaciones de daños en infraestructuras y bienes públicos y en bienes muebles e inmuebles privados que no estuvieran cubiertos por el seguros, y elaborar “de manera inminente” un plan integral para la reactivación de las comarcas damnificadas, que en muchos casos se ven también golpeadas por los problemas de la despoblación, son las principales medidas que el Gobierno valenciano adoptará este martes en su pleno extraordinario para hacer frente a los efectos de los incendios forestales ocurridos este mismo agosto en la Vall d'Ebo y Begís, que quemaron 12.000 y 19.000 hectáreas, respectivamente, y de otros dos siniestros con menor número de hectáreas afectadas. Las solicitudes de ayudas serán canalizadas por los ayuntamientos, a través de dos oficinas de apoyo instaladas en esos dos municipios.

Los ayuntamientos afectados por el incendio de La Vall d’Ebo, además de este mismo municipio, son los de La Vall d’Alcalà, L'Atzúbia, Balones, Benimassot, Castell de Castells, Fageca, Famorca, Orba, Pego, Planes, Tollos, Tormos, La Vall de Gallinera y La Vall de Laguar.

Además de Bejís, en el mayor incendio forestal de este verano, se han visto afectados los términos de Altura, Barracas, Jérica, Sacañet, Teresa, Torás, El Toro y Viver, de la provincia de Castellón, y Alcublas y Andilla de la provincia de Valencia.

Por otra parte, el acuerdo del Consell incluirá también a los ayuntamiento de Les Useres, Costur, Figueroles y Llucena, así como a los de Petrer, Olocau y Calles, que también sufrieron incendios forestales.

Las medidas serán coordinadas desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Generalitat Valenciana se comprometerá a elaborar de forma urgente un plan de recuperación socioeconómica que incluirá ayudas directas y líneas de crédito, planes especiales de empleo y acciones de restauración forestal y medioambiental.

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