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Juicio a directivos, sindicalistas, consejeros de PP y PSOE y empresarios por los años de saqueo en Bancaja y BdV

La Audiencia Nacional procesa a José Luis Olivas y otras 47 personas por delito societario de administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales

Los procesados deberán responder por una agujero generado a las entidades de 750 millones de euros en proyectos urbanísticos de México (Grupo Grand Coral) entre los años 2005 y 2009

Bancaja y Banco Valencia formaron parte y financiaron estas sociedades cuyos terrenos ostentaban empresa mexicanas y cuyas matrices estaban radicadas en Países Bajos

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Momento del vídeo que muestra a José Luis Olivas y Jordi Mercadé visitando las instalaciones turísticas construidas en Quintana Roo financiadas por Bancaja y Banco de Valencia, que quebraron pocos años después.

Momento del vídeo que muestra a José Luis Olivas y Jordi Mercadé visitando las instalaciones turísticas construidas en Quintana Roo financiadas por Bancaja y Banco de Valencia, que quebraron pocos años después.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -que había archivado alguna causa de la CAM- ha decidido procesar a 48 personas por el agujero que las operaciones de Bancaja y Banco de Valencia en México generaron en las entidades posteriormente rescatadas por el Estado. Según los peritos judiciales, estas inversiones y prestamos al Grupo Grand Coral provocaron un quebranto de 750 millones de euros que no se han podido recuperar. 

"Los peritos han constatado múltiples irregularidades, en ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, constatándose un quebranto económico del 100 % de la inversión llevada a cabo por Bancaja y Banco de Valencia en Grupo Grand Coral, lo que se valora en 750 millones de euros", explica el auto de procesamiento de Lamela.

Según la instructora de la causa, los directivos de la caja de ahorros y del banco, los propios empresarios beneficiados -los hoteleros  Juan Vicente Ferri ,   José Salvador Baldó  y   Juan Poch- y los consejos de administración que permitieron este saqueo son responsables de administración desleal y apropiación indebida. Además, considera la magistrada, algunos directivos y empresarios podrían ser responsables de un delito de blanqueo de capitales al haber utilizado cuentas en Andorra para cobrar comisiones.

Los 48 procesados tienen un periodos para recurrir y la Fiscalía y las acusaciones deberán calificar los hechos para la apertura de juicio oral. Casi con toda seguridad todos se sentarán en el banquillo de los acusados por este agujero en Bancaja y banco de Valencia.

La jueza Lamela entiende que "los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado y en detrimento de las entidades a los empresarios del sector hotelero  Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch".

Esta operación de vaciamiento de fondos en favor de los empresarios valencianos la habrían dirigido el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y los directores generales Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra.

Los empresarios Ferri y Baldó, principales procesados.

Los empresarios Ferri y Baldó, principales procesados.

Según la magistrada instructora, "a los fines de la concesión de créditos -sin justificación ni garantías- colaboraban los gestores de nivel inferior vinculados a Bancaja y Bancaja Habitat Rafael Tomás Codoñer, José Cortina, Julián Dolz, Manuel Setién, Antonio Paños, José Vicente Giner y Juan Miguel Boluda". Igualmente, apunta la magistrada de la Audiencia Nacional, "también participaron los gestores de Banco de Valencia Alfonso Carlos Monferrer y Juan Carlos Zafrilla".

Respecto a los diferentes consejos de administración de Bancaja que supervisaron estas operaciones entre los años 2005 y 2009, la jueza Lamela considera que "permitieron las operaciones descritas, en claro menoscabo de la entidad".

Así, en la lista de consejeros procesados por los pufos en México se encuentra el que fuera presidente de la patronal autonómica Cierval Rafael Ferrando -propuesto por el PP-; el exsecretario de Organización del PSPV José María Catalunya -cuota PSPV-PSOE-; el exdirector general de Trabajo de la Generalitat socialista Eduardo Montesinos Chilet -cuota PSPV-PSOOE-; el empresario propietario de Gerocentros del Mediterráneo y padre de una fallera mayor de Valencia,  Arturo Alario; o Juan Antonio Pérez Eslava, del sindicato mayoritario en Bancaja SATE. 

Ferri y Baldó pagaron a Olivas hasta 14 viajes a Cuba

La magistrada apunta a Olivas como conocedor de toda la operación. "José Luis Olivas conoció y alentó las inversiones millonarias que las entidades que presidía estaban realizando en Grand Coral, que lastraban a estas y, por el contrario, suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó, de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato de favor pagaron a Olivas hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio", concluye en el auto de procesamiento.

José Luis Olivas y Aurelio Izquierdo, antes de una junta general de Bancaja.

José Luis Olivas y Aurelio Izquierdo, antes de una junta general de Bancaja.

Operativa de blanqueo de capitales en Andorra

Los empresarios Izquierdo, Parra, Ferri, Baldó y Poch se habrían repartido comisiones de los proyectos en México a través de cuentas en Andorra. Además existía otra cuenta, también en Andorra, de la que eran titulares Vicente Llácer y Eugenio Calabuig, presidente de Aguas de Valencia, y de la que eran apoderados Aurelio Izquierdo y Domingo Parra.

Esta última cuenta, explicaron Llácer, Calabuig, Parra y Martínez en sus declaraciones como imputados en la Audiencia Nacional, no tendría nada que ver con las operaciones en México financiadas por las fallidas Bancaja y Banco de Valencia, sino con la promotora Capital Residencial que creó el Grupo Ática.

Calabuig habría ingresado en esta cuenta capital fruto de sus negocios en Cuba. Desde 2009 habría abandonado esta cuenta sita en Andorra. Por su parte, Llácer explicó a la jueza Lamela que regularizó la situación de estos capitales en el país vecino a través de la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro en 2012.

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