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El Parlamento valenciano aprueba la norma que blinda los servicios sociales como un derecho

Mónica Oltra se abraza a Mónica Álvaro en el pleno de las Corts

Laura Martínez

Valencia —

Las Corts Valencianes han aprobado este miércoles la ley de Servicios Sociales Inclusivos que reconoce las prestaciones sociales como un derecho esencial y de interés general, con la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos. La norma estrella de la consellería de Mónica Oltra tumba un modelo cercano al de caridad para acercar el sistema a lo apropiado para un Estado del Bienestar.

Con la nueva ley, se pasa a 31 prestaciones garantizadas reconocidas de carácter profesional, económico y tecnológico, mientras que con la vigente no había ninguna garantizada por un texto legal.

El proyecto de la Conselleria de Políticas Inclusivas dibuja un mapa asistencial similar al Sanitario, con niveles de atención y departamentos geográficos. Siguiendo el equivalente, los los ayuntamientos actuarían como centros de salud, siendo la puerta de entrada a los servicios sociales de atención primaria que será básica y específica“.

Respecto a esto, por primera vez se fija la composición de los equipos de intervención social que serán “multidisciplinares”, con nuevas figuras profesionales que contarán con el apoyo administrativo y jurídico necesario. Para apoyar el seguimiento de las acciones se aumenta la ratio inspector/habitante, que llega a uno por cada 150.000 habitantes, frente a la ratio actual de uno por cada 250.000 habitantes.

Un SIP social

La norma prevé la creación de un SIP social con el que se podrá ver si una persona tiene carnet de familia numerosa, certificado de discapacidad, si está dentro del sistema de dependencia o si es víctima de violencia de género, para facilitar los trámites y también que el médico sepa “el grado de dependencia que la patología que tiene un paciente le genera”.

Recurso del PP

Los populares han anunciado minutos antes del debate la interposición de un recurso de reposición contra la decisión de la mesa de la comisión que se ha encargado de la ley. Los populares denuncian que no se les dio tiempo suficiente para estudiar las enmiendas, pese a que la comisión se repitió hasta en dos ocasiones y se celebró una tercera para resolver las dudas del PP.

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