La construcción en zonas inundables en los municipios afectados por la dana mantiene en riesgo a miles de personas

La dana que arrasó la Comunitat Valenciana hace un año y que provocó una de las inundaciones más destructivas registradas en Europa ha puesto de manifiesto la evidente falta de protección del derecho a la vivienda y la ausencia de una estrategia de adaptación adecuada frente al cambio climático en esta región mediterránea. Para Amnistía Internacional esto supone una vulneración clara de derechos humanos.

La organización presenta hoy el informe Llueve sobre mojado. La dana: impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda, en el que recuerda que un año después de la riada se sigue construyendo en los municipios afectados por las inundaciones exponiendo a decenas de miles de personas a nuevas inundaciones que podrían producirse en cualquier momento.

Un fenómeno extremo en un contexto de vulnerabilidad estructural

En España, y en la Comunitat Valenciana, a pesar del contexto de cambio climático y las advertencias de organismos internacionales de que los fenómenos meteorológicos serán más frecuentes y más graves, la normativa urbanística sigue permitiendo la construcción en zonas inundables. Las distintas administraciones han ido desarrollando un ordenamiento jurídico que, de espaldas a la legislación sobre cambio climático y al derecho a la vivienda, establece limitaciones pero no impide la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables.

La Comunitat Valenciana es la segunda región con mayor extensión de zonas inundables de España, donde habitan aproximadamente 600.000 personas. En municipios como Paiporta y Catarroja, que tienen todas las viviendas en áreas de riesgo de inundación, se registraron las mayores cifras de víctimas y daños tras el paso del temporal.

Gran parte de la edificación en los municipios más afectados por la riada se realizó en zonas que ya fueron identificadas como inundables en 2003, aumentando la exposición de la población a catástrofes y contribuyendo a agravar los daños ocasionados.

“Hay dos velocidades en la reconstrucción. Un año después, todavía no está aprobada la revisión del Patricova ni la reforma de las normas estatales de gestión de los riesgos de inundación, pero las autoridades autonómicas y locales han adoptado el urbanismo exprés, flexibilizando más que antes el urbanismo y desprotegiendo a la gente”, asegura Marta Mendiola, investigadora sobre cambio climático y derecho a la vivienda de Amnistía Internacional en España.

Diversos estudios evidencian una notable disminución de la inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia a partir de 2009, consecuencia directa de los ajustes presupuestarios derivados de la crisis económica y financiera, reduciendo así la capacidad de prevención y mitigación de riesgos.

El sistema de ayudas ha sido insuficiente

“El agua no discrimina, pero en materia de vivienda llueve sobre mojado: la falta de políticas adecuadas hace que sean siempre las personas más vulnerables quienes sufran más. La solución no son solo las ayudas temporales y los parches: las personas afectadas deben recuperar sus derechos. La vivienda no es sólo un bien que se ha perdido. Es un derecho humano que sigue sin estar garantizado un año después de la dana”, ha señalado Marta Mendiola.

Las personas afectadas por la DANA han enfrentado trámites complejos, información escasa o tardía,y escasez de vivienda social. La ayuda máxima de la Generalitat de 800 euros mensuales resulta insuficiente frente a los precios de alquiler en los municipios afectados, que aumentaron tras la riada. Las mujeres, especialmente las migrantes trabajadoras del hogar, han sufrido exclusión en el acceso a estas ayudas.

“La crisis climática convierte cada tormenta en un riesgo mayor, pero el problema de fondo es estructural. La ausencia de planificación, la escasez de vivienda social y las políticas de construir de espaldas a los derechos de la gente garantizan que la próxima catástrofe vuelva a golpear con más dureza a quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad”, ha añadido Teresa García del Vello, investigadora sobre derecho a la vivienda de Amnistía Internacional en España.

Alrededor de 60.000 personas migrantes, muchas de ellas mujeres dedicadas a los cuidados, se han encontrado con barreras estructurales para cumplir los requisitos de las ayudas, comoel empadronamiento, el número de identificación de extranjero (NIE), un contrato de arrendamiento o la titularidad de una cuenta bancaria. Esa dificultad las discrimina de manera indirecta y les aleja de las ayudas y de su categorización como personas afectadas.

Las comunidades más marginadas han sufrido de manera desproporcionada, incluidas personas migrantes y en situación administrativa irregular. Casos como el de Yuliza (nombre ficticio), mujer migrante trabajadora del hogar y cuidadora que no estaba empadronada, ilustran la exclusión de las ayudas y la precariedad post-dana:

“Durante la dana, el agua me llegaba hasta la cintura y subía con fuerza mientras intentaba poner a salvo a mi hermana, que estaba lesionada, y a la abuelita que cuidaba. Me resbalé, me golpeé la espalda pero cargué a la abuelita hasta la azotea. Nadie nos ayudó; todo el mundo estaba asustado y apresurado. Cuando intenté recibir atención médica, me negaron la asistencia porque no estaba empadronada y solo conseguí una tarjeta sanitaria temporal. He tenido que enfrentar trámites administrativos complicados para empadronarme y acceder a ayudas que aún me resultan inalcanzables. Un año después de la dana sigo viviendo en precariedad, con incertidumbre y sin poder reconstruir mi vida”. Su caso ilustra cómo la burocracia y la falta de políticas públicas adecuadas obstaculizanel reconocimiento como víctima y, con ello, el acceso al derecho a una vivienda digna.

Por otra parte, los barrios del Xenillet y La Mancha en Torrent muestran la precariedad extrema previa a la DANA y el agravamiento de vulneraciones posteriores. Muchas viviendas han sido demolidas sin información suficiente sobre indemnizaciones, destino de los terrenos o alternativas habitacionales, vulnerando el derecho a la vivienda de las personas residentes. Además, problemas en el alcantarillado y el agua potable que persisten hoy han expuesto y exponen a la población a riesgos sanitarios, incluidos menores con erupciones cutáneas e infecciones.

Un modelo de respuesta fragmentado

La respuesta institucional ha sido reactiva y fragmentada, sin enfoque integral que combine adaptación climática y protección del derecho a la vivienda. La escasez de coordinación entre administraciones y la insuficiencia de la vivienda social han dejado a muchas familias sin opciones adecuadas de alojamiento.

Tal como ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, es imprescindible avanzar hacia un sistema de protección social anticipatorio, basado en derechos humanos, que garantice el acceso a una vivienda adecuada antes, durante y después de fenómenos meteorológicos extremos.

Por último, Amnistía Internacional considera que esta descoordinación también se ha hecho patente de manera especial en la primera fase de diseño de ayudas, lo que ha afectado a la forma de transmitir y recibir la información de las ayudas y a la tramitación de las mismas.

Frente a esta situación, y un año después de la dana, Amnistía Internacional solicita de manera urgente a las autoridades autonómicas y locales una moratoria que paralice los proyectos urbanísticos en los municipios afectados por las inundaciones hasta la aprobación de la revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) y hasta que las autoridades locales realicen un estudio pormenorizado de las zonas de riesgo en sus localidades, cuyo fin sea la prevención de riesgos y la protección del derecho a la vivienda. Todo ello en cumplimiento de sus obligaciones jurídicamente vinculantes en materia de adaptación al cambio climático y del derecho a la vivienda.

A medio plazo, la organización pide a las autoridades centrales, autonómicas y locales la revisión del sistema de protección social frente a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos en España, considerando tanto los eventos pasados como los riesgos futuros en un contexto del cambio climático, así como la elaboración de un protocolo integral de ayudas que establezca un decálogo de medidas orientadas a reforzar la protección del derecho a la vivienda.