La burbuja del alquiler reactiva la oferta de pisos compartidos en València: una habitación se paga a 273 euros
La burbuja de precios que se está viviendo en València en el mercado del alquiler de viviendas ha reactivado el arrendamiento de habitaciones, una modalidad muy extendida antes de la crisis, pero que se fue desactivando durante la recesión, salvo para sectores muy específicos como el de estudiantes.
Según datos facilitados por el portal inmobiliario Fotocasa, especialista en el mercado de vivienda de segunda mano y de alquiler, nueve distritos de la ciudad cuentan ya con una oferta significativa para arrendar habitaciones, con un precio medio en el mes de agosto de 273 euros al mes, un 6,3% más que en el mismo mes del año anterior.
En concreto, se trata de Poblats Marítims (271 euros por habitación), Algirós (261 euros), Camins al Grau (263 euros), Pla del Real (283 euros), La Saïdia (252 euros), Ciutat Vella (328 euros), Benimaclet (228 euros), L'Eixample (319 euros) y Extramurs (296 euros).
En todas las zonas los precios de las habitaciones han subido en el último año, salvo en La Saïdia que han bajado un 1,4%. Los distritos donde más se han incrementado han sido Pla del Real con un 13,9%, Algirós con un 11,4% y Poblats Marítims con un 11,3%. En el resto de casos las variaciones están en torno al 5%, salvo en Extramurs, donde se han encarecido un 9% y en l'Eixample, con un 3,5%.
En comparación con otras capitales españolas, València no es de las ciudades más caras para alquilar una habitación. Según el estudio, Barcelona y Madrid son los municipios con los precios más elevados.
Así, compartir vivienda en Barcelona cuesta de media 508 euros al mes y en Madrid 429 euros mes. Le siguen Palma de Mallorca (377 euros), Bilbao (358 euros), Vitoria (302 euros) y Alcalá de Henares (285 euros).
Además, València está aún lejos de la media nacional, ya que alquilar una habitación en España cuesta 325 euros al mes.
“El fuerte repunte de los precios de los alquileres está obligado a muchas personas a tener que decantarse por la opción de compartir, especialmente en las grandes ciudades como Barcelona y Madrid, donde llevamos varios años registrando fuertes tensiones en los precios que ahora se trasladan a los precios de los pisos compartidos”, explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa.
Los alquileres suben un 42% en cuatro años
A esa lista podría sumarse València. Como ya informó eldiario.es, el precio del metro cuadrado alcanzó en junio los 8,29 euros en la capital, lo que supone un incremento del 6% en ton solo el primer semestre del presente año.
Esto quiere decir que un piso de 100 metros cuadrados se cotiza actualmente a 829 euros al mes.
El incremento es mucho más espectacular si se compara con el mínimo registrado en mayo de 2014. Desde entonces hasta ahora el encarecimiento de los alquileres ha ascendido un 42%.
El Consell hace frente a la burbuja
Precisamente, esta semana la consellera de Vivienda, María José Salvador, explicó las medidas contempladas en la Ley de Función Social de la Vivienda para frenar la burbuja del alquiler.
Por un lado, establece sanciones de entre 600 y 3.000 euros a los bancos y grandes propierarios que no informen y pongan en alquiler social sus pisos vacíos, un punto que ya ha logrado aflorar 7.000 viviendas vacías que deberán salir al mercado.
Por otro, Salvador anunció que antes de final de año se presentará el índice de refefencia de precios de alquiler que marcará por ciudades y por barrios en el caso de las más grandes, unos precios de mercado para los alquileres de particulares teniendo en cuenta las dimensiones de la vivienda, las calidades o la antigüedad, con el objetivo de dar a los potenciales inquilinos una referencia oficial y rigurosa del precio de mercado de la vivienda que les interesa alquilar, así como evitar subidas desproporcionadas y fuera de mercado. Ciudades como París o Berlín ya cuentan con estas herramientas correctoras para evitar subidas de precios desmesuradas.
Además, la consellera comentó que pretenden que este índice sea vinculante y por tanto de obligado cumplimiento, lo que en la práctica supondría marcar a los particulares los precios máximos a los que puede alquilar su inmueble. Sin embargo, para ello necesitará el visto bueno del Gobierno central, que debería de acometer una reforma legal.
