El empleo en la segunda ola COVID

La crisis provocada por la pandemia de COVID ha tenido desde su inicio, hace ya nueve meses, un importante impacto sobre la actividad económica y el empleo, registrándose desde entonces un significativo paralelismo entre las curvas que representan gráficamente su evolución.

Desde la declaración del primer estado de alarma (14 de marzo) hasta finales de abril la destrucción de empleo, medida en volumen de afiliación a la Seguridad Social (tabla 1) fue dramática: en apenas mes y medio se perdieron un total de 883.053 puestos de trabajo a nivel nacional (-4,6%), siendo mayor aún el impacto en la Comunidad Valenciana (117.242 y -6,1%, respectivamente), debido a la especial concentración en nuestro ámbito de actividades (hostelería, turismo, pequeño comercio) más directamente afectadas por las restricciones a la movilidad y el contacto social.

Durante ese mismo período el paro registrado (tabla 2) aumentó en 585.156 personas (+18,1%) en cómputo estatal y en 73.680 (+20,1%) en nuestra Comunidad, al tiempo que una de cada tres empresas presentaba Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), instrumento regulatorio diseñado urgentemente por el Gobierno para frenar el hundimiento del empleo, garantizar la renta de los trabajadores y mitigar la pérdida de tejido empresarial. Y todo ello en el marco de un mercado de trabajo que todavía no se había repuesto de la anterior crisis (2008-2013) y arrastraba graves desequilibrios (paro, precariedad, brechas de género) que corregir y mejorar.

A finales de abril eran 349.635 los trabajadores valencianos afectados por ERTEs y beneficiarios de las correspondientes prestaciones gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

A lo largo de los cinco meses siguientes (mayo/septiembre) el paulatino control de los contagios permitió el retorno a una frágil normalidad que, en el ámbito del mercado de trabajo, se tradujo en un crecimiento de la contratación, con la consiguiente recuperación de medio millón de empleos (62.150 en la Comunidad Valenciana) y la progresiva reincorporación a la actividad productiva de 2.800.000 trabajadores afectados por ERTEs (300.000 en el ámbito valenciano), lo que supuso una importante reducción del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo (tabla 3), sin que por ello disminuyese la correspondiente tasa de cobertura (71,4%, nueve puntos por encima de los niveles previos a la pandemia) . Por su parte, la tasa de paro se situa en el 16,3%, diez puntos por debajo de la alcanzada en el momento más duro de la crisis anterior, gestionada autoritariamente por el gobierno conservador en base a la desregulación del mercado y las relaciones laborales, despidos colectivos y recortes sociales.

Sin las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno central y complementadas por la Generalitat Valenciana, en el marco del diálogo social con sindicatos y patronal (prestaciones sociales a trabajadores asalariados y autónomos, exenciones fiscales y créditos ICO a las empresas), el daño en el tejido productivo y la destrucción de empleo habrían sido muy superiores.

Con todo, la recuperación del empleo está resultando lenta, frágil y desigual, viéndose afectada, asimismo, por las oscilaciones de la actual segunda ola de la pandemia.

En los dos últimos meses (octubre/noviembre) la afiliación a la seguridad social registró un total de 178.273 altas a nivel estatal, lo que no ha sido suficiente para evitar un aumento del paro de 74.827 personas.

La situación en la Comunidad Valenciana presenta en este punto resultados más positivos: las 59.707 nuevas altas han permitido recuperar, e incluso superar ligeramente, los niveles de empleo previos al estallido de la crisis sanitaria, al tiempo que el paro registrado disminuía ligeramente.

Por su parte, los rebrotes y nuevas restricciones derivadas de la pandemia en los últimos dos meses, han ralentizado la salida de trabajadores incluidos en ERTE al tiempo que se registraban nuevas entradas en dicho mecanismo de protección, tras la prórroga y ampliación de su cobertura establecidas por las últimas modificaciones normativas (RD 30/2020, de 29 de septiembre y RD 32/2020 de 3 de noviembre). El resultado de ambos procesos ha sido un trasvase entre las diferentes modalidades de ERTE así como un repunte global del número de trabajadores afectados, hasta alcanzar los 746.900 a nivel nacional y 46.460 en la Comunidad Valenciana (tabla 4).

De esta forma, los ERTEs iniciales regulados por el RD 8/2020 (de Fuerza Mayor o por causas tecnológicas, organizativas o de producción) incluyen actualmente a 326.296 trabajadores en el conjunto del país, mientras que los derivados del RD 30/2020, con exoneraciones especiales para sectores protegidos y cobertura para empresas afectadas por restricciones administrativas, alcanzan ya a 420.604 personas.

La nueva regulación de los ERTEs ha facilitado, asimismo, una mayor focalización de la protección social en los sectores más afectados por la pandemia y de lenta recuperación. Así, mientras que los trabajadores protegidos por ERTEs representan actualmente el 5% del total de afiliados al régimen general de la Seguridad Social, son el 62% en el sector de “servicios de alojamiento”, el 56% en “actividades turísticas” y el 29% en “servicios de comidas y bebidas”.

Esta concentración sectorial de la protección del empleo ha sido compatible con una progresiva activación de su cobertura global, en un proceso de adaptación flexible a los nuevos requerimientos derivados de la evolución de la crisis, mediante el diálogo y la concertación con los actores sociales, que la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado permitirá consolidar en clave expansiva, gracias al aporte de los fondos europeos de reconstrucción que deben ser la base para la recuperación de la actividad productiva y el desarrollo de un nuevo contrato social, fundado en el empleo de calidad, la cohesión, innovación, crecimiento inclusivo y equidad.