800 alegaciones presentadas contra el proyecto de una macroplanta solar que afecta a Montesa y Aielo de Malferit

Tendidos eléctricos en el término de Montesa.

Toni Cuquerella


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600 alegaciones desde Aielo de Malferit y cerca de 200 desde Montesa, casi 800 en total. Este es el balance obtenido en la respuesta del vecindario y del tejido asociativo de las localidades después de que este miércoles finalizara el periodo de exposición pública en la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de uno de los fragmentos de un macro-proyecto de plantas solares fotovoltaicas (PSFV) y líneas de alta tensión de 400kV (LAAT 400kV).

Este proyecto está promovido por Premier Group sobre la Costa y los pueblos vecinos y que ahora tramita, en exclusiva, la propia Conselleria (ATALFE/2020/60) al tratarse de un PSFV de menos de 50MW, 49,9MW concretamente. Es el llamado PSFV Montesa III, ubicado en Aielo de Malferit y su infraestructura de evacuación en la Subestación de Montesa.

Los colectivos movilizados en un comunicado han manifestado su “indignación” ante un proyecto que viven como una agresión en sus territorios y espacios vitales “que se verán gravemente transformados y que ven como un negocio empresarial que depreda el territorio y no como una propuesta de transición energética sostenible”.

Premier proyecta la construcción del PSFV en el Paraje de Cairent de Aielo de Malferit, un espacio con valor patrimonial cultural y natural, con un árbol singular, el Pino de Cairent, protegido en el Plan Municipal. El paraje cuenta con un Plan Especial de Protección aprobado por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y que con la construcción de la planta “supondría la transformación total del paraje y su entorno así como de su paisaje que quedaría asolado”, afirman los colectivos.

Pero además añaden que la planta solar está proyectada en suelo afectado por los incendios del 1993 y 1994 que no es puede reclasificar según la Ley Forestal. También en suelo No Urbanizable Protegido con un riesgo de erosión potencial muy alto, un suelo con alta afección a la recarga de acuíferos y de alta permeabilidad en un área estratégica dentro de las áreas críticas frente al cambio climático y con afección a monumentos naturales de la Infraestructura Verde Municipal (IVM) y yacimientos arqueológicos. En definitiva que vulnera varios artículos del Decreto 14/2020 de 7 de agosto del Consejo.

En en cuanto a la línea de evacuación se pretende conectar a una nueva subestación que se construiría junto a la ya existente en Montesa, SIETE Montesa 400kV de Red Eléctrica Española, mediante un Seccionamiento que pertenece a otro fragmento del macro-proyecto de Premier, la primera parte del proyecto de Almansa en Montesa. No obstante alertan que “no está aprobado ni tiene garantías de aprobación” recordando que el pasado más de mayo también recibió el rechazo social, por las más de 3.000 alegaciones presentadas por afectados, particulares, asociaciones, entidades y partidos políticos de los municipios afectados, de la comarca y de la autonomía valenciana así como la oposición de los 4 ayuntamientos afectados por la infraestructura de evacuación a su trazado por la Font de la Figuera, Moixent, Vallada y Montesa, y con el informe negativo, No Compatible, de la propia Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

Fruto de esta movilización social Premier retiró momentáneamente el proyecto y anunció la reubicación de uno de los tres PSFV proyectados en la Solana de Montesa, detrás del castillo. “Pero esta nueva ubicación del PSFV Montesa III empeora la afección en el Municipio de Montesa puesto que genera una nueva línea de alta tensión, esta vez desde el sur, que tendría un gran impacto al trazarse atravesando transversalmente toda la Serra Grossa con fuertes desniveles y grandes torres eléctricas, al lado del Paraje Natural Municipal del Barranc de la Fos, sobre el Monte de Utilidad Pública y terreno forestal estratégico del PATFOR, atravesando corredores territoriales y afectado por el PATRICOVA y varias infraestructuras, pasando por zonas cualificadas como graves por el peligro de incendios forestales, con una grave afección a la avifauna de la zona y la migratoria por la acumulación de tendidos eléctricos en una zona prioritaria de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución con los tendidos eléctricos. Y afectando a suelo protegido agrícola de la IVM más lo grave impacto sobre el territorio y el paisaje por la acumulación de infraestructuras eléctricas”.

Afirman que de ejecutarse se produciría una “sobrecarga de infraestructuras” puesto que el conjunto del macro-proyecto implica la construcción de 4 nuevas líneas de alta tensión de 400kV (la máxima tensión en transporte de energía, como la utilizada en las MATE), desde el norte, el sur y el oeste del municipio, que junto a las ya existentes provocará un entramado de líneas de alta tensión y torres eléctricas que dificultarán la vida de la avifauna y el desarrollo tradicional de la actividad agrícola con un impacto muy grave sobre el paisaje y el turismo que en los últimos años se ha impulsado desde un municipio declarado de interés turístico.

Destacan también que la tramitación por separado de PSFVs “es irregular” porque forman parte del mismo proyecto, dado que conjuntamente suponen una potencia superior a 50 MW y por tanto se tendrían que tramitar ante otra autoridad sustantiva, la Dirección General de Política Energética y Minas del MITERD, y la autoridad ambiental también sería diferente, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITERD. La evaluación ambiental tiene que ser global y acumulativa, y no fragmentada. “El fraccionamiento de los proyectos es una práctica irregular, que ha recibido numerosas sentencias judiciales anulatorias de los proyectos por tribunales españoles y europeos” aseguran.

Inciden los colectivos en que el modelo que representan estos proyectos, con la concentración de la titularidad de las plantas fotovoltaicas y el control del acceso de conexión a la red, “está diseñado por el transporte en las zonas urbanas e incluso transfronterizas y apenas deja beneficios en nuestro territorio, antes al contrario su todo impactos negativos, y en este caso demuestran una falta de sensibilidad total con el territorio”.

Por todo esto instan a la Conselleria de Economía a que informe desfavorablemente en la declaración de impacto ambiental y desestime las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, ocupación de vías pecuarias y ocupación de terrenos en monte de utilidad pública la Declaración de Utilidad Pública planteada por el peticionario.

“Hay que garantizar el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en las casas y centros de producción, o agrupados en cooperativas o empresas de economía social y principalmente en zonas urbanas y ya degradadas tal y como marca el preámbulo del Decreto 14/2020 de 7 de agosto del Consell por la aceleración de la implantación de energías renovables, pero que desgraciadamente no se está produciendo puesto que la inmensa mayoría de proyectos están sobre Suelo No Urbanizable”, concluyen. Por todo instan a las consellerias competentes a la modificación del Decreto para garantizar en el articulado de este aquello que se llama en el preámbulo “para que no quede en una simple declaración de intenciones puesto que la realidad es otra”.

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