Una constructora reclama a la Generalitat Valenciana 45 euros por obras ejecutadas hace 10 años y 160.000 euros de intereses de demora
El colapso económico que vivió el Gobierno valenciano dirigido por el PP tras la crisis inmobiliaria del año 2007 aún colea generando costes para las arcas públicas.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el pasado 6 de septiembre una orden por la cual se autoriza a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública a realizar una modificación de créditos para saldar una deuda de 161.719 euros en cumplimiento de una sentencia favorable a la constructora Bertolín.
Según consta en el fallo judicial de enero de 2020, la empresa reclamó a la administración autonómica los intereses de demora devengados por el retraso en el pago de las certificaciones correspondientes a la ejecución de dos contratos de obra relativos a la construcción de la Quinta Unidad de Distrito de la Policía Local de València y obras de adecuación para la comisaría de la Policía de la Generalitat en Elche, por las que la administración adeudaba 45,41euros en concepto de principal y 165.40187euros en concepto de intereses de demora.
Ambas infraestructuras se inauguraron entre los años 2012 y 2013 con Alberto Fabra (PP) como presidente del Consell.
El fallo estima parcialmente el recurso de Bertolín y condena al Gobierno valenciano al pago de los intereses de demora devengados por el retraso en el pago de las certificaciones correspondientes a la ejecución de dos contratos de obra.
La Generalitat, sin embargo, recurrió la sentencia al considerar que se había producido un error en el cálculo de los intereses de demora, recurso que fue aceptado según el auto del pasado mes de marzo en el que se fija una cuantía final de 161.719 euros.
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