El Gobierno valenciano cuestiona la legalidad de la votación que alteró Montserrat en el Parlamento Europeo para hostigar a Oltra

El Gobierno valenciano ha presentado una queja al Parlamento Europeo por el desarrollo del debate de la Comisión de Peticiones que abordaba una investigación a la Conselleria de Igualdad. La vicepresidencia del Consell, también titular de esta cartera, cuestiona la legalidad de la votación que alteró la presidenta de la comisión, la exministra del PP Dolors Montserrat, que culminó con un compromiso de investigación parlamentaria de las normas de protección de menores tutelados víctimas de abusos. La votación implica mantener abierto un caso iniciado por el Grupo Parlamentario Popular de las Corts Valencianes en una comisión europea pensada para dar voz a los ciudadanos, sobre un tema en el que la Comisión Europea ya indicó que no era competente.

El pasado jueves, 8 de septiembre, la Comisión de Peticiones debatió una petición presentada por la diputada Elena Bastidas sobre menores tutelados en la Comunitat Valenciana, intervención que se convirtió en un vertido de acusaciones sobre la exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, con competencia en menores en el momento en el que se produjeron algunos hechos denunciados. La presidenta de la comisión, que acumula quejas de varios grupos por un “uso partidista” de la institución, cambió el sistema de votación a última hora, lo que culminó en una victoria de la derecha y la extrema derecha en la comisión para mantener abierta la investigación parlamentaria.

Dados los cambios en la votación, el departamento que dirige Aitana Mas ha enviado un escrito a Bruselas en el que pone en duda que el desarrollo de la sesión se ajustara al derecho europeo. En el texto, la representación del Gobierno autonómico que acudió a la sesión critica que no se les permitiera intervenir, pese a los informes enviados y las reuniones con otros organismos, ni tuvieran capacidad de réplica sobre las acusaciones.

El Consell pone en duda la neutralidad de la presidencia de la comisión: “Se debe recordar aquí la coincidencia, y la poca imparcialidad existente, al coincidir los intereses de la Presidenta y de su partido político, que es el mismo que el de las peticionarias”, y consideran la actuación “bochornosa y propia de instituciones muy poco democráticas”, además de criticar que se repitieran interpretaciones dudosas de los hechos sin posibilidad de defensa.

“La respuesta del gobierno regional ha sido de total transparencia informativa, de colaboración con las autoridades judiciales, de rendición de cuentas en sede parlamentaria, y de refuerzo y apoyo a las personas y entidades profesionales que todos los días trabajan por mejorar el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”, reitera el director general de la portavocía del Consell, autor del escrito.

Investigación rechazada por la Comisión Europea

La Comisión Europea ya determinó el pasado marzo que no es el organismo competente para realizar estas investigaciones, con una comunicación por escrito a las dos denunciantes. “La regulación del funcionamiento de las agencias de protección de menores corresponde a la legislación española. Además, la Comisión no puede intervenir en casos individuales (...) Así pues, la resolución de estas cuestiones debe buscarse a nivel nacional”, indica el escrito, que recuerda que “en enero de 2019, inició un procedimiento de infracción por transposición incorrecta de la Directiva por parte de España”, en referencia a la disposiciones contra la prostitución infantil.