Las contradicciones del Gobierno con las evaluaciones ambientales: caducan en los proyectos ferroviarios de València, pero no en la ampliación del Puerto

“Es importante que la licitación marca caducidades en los proyectos. Igual que la ley del sector ferroviario y la ley de evaluación ambiental marcan caducidades, la declaración ambiental marca la caducidad de la declaración de impacto ambiental que son cuatro años más dos si se pide una prórroga. La ley del sector ferroviario también marca una caducidad en los estudios informativos, pero también en los proyectos constructivos, que son cinco años”.

Así se pronunció recientemente la presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), María Luisa Domínguez, para explicar que los proyectos de la estación central subterránea de València y del túnel pasante se encargarán de forma conjunta al estar vinculados, precisamente con el objetivo de evitar que tanto los proyectos como las declaraciones de impacto ambiental caduquen.

De hecho, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (hasta el cambio de Gobierno, de Fomento) encargó en 2017 una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para el túnel pasante de València, infraestructura que forma parte del Parque Central, con diferentes fases como el jardín recayente a Russafa ya ejecutadas. El motivo alegado entonces fue la caducidad de la DIA anterior, tramitada en el año 2008.

En el caso de la polémica ampliación norte del Puerto de València, sin embargo, parece que el criterio de la caducidad no es válido. De hecho, la Autoridad Portuaria de València (APV) pretende llevar adelante la infraestructura con una DIA del año 2007 basada en un proyecto que ha sufrido importantes modificaciones, como por ejemplo el cambio de ubicación de la terminal de cruceros (cuestionado por la Intervención y por la Abogacía del Estado e investigado por el Tribunal de Cuentas) proyectada en los antiguos astilleros de Unión Naval, junto al barrio de Natzaret, o el cambio de disposición de los muelles, que además de aumentar la superficie agravarán el impacto paisajístico desde las playas del norte.

Según el informe jurídico de carácter meramente informativo realizado por el jefe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, también consejero de la APV en el momento de redactarlo, la DIA de 2007, es decir, de hace 14 años, sigue vigente ya que las obras de los diques comenzaron a ejecutarse antes de cumplirse un año desde la publicación de esta.

Un informe jurídico alternativo de la Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada por entidades vecinales y ecologistas, sostiene que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2007 para la ampliación norte del Puerto de València perdió su vigencia en diciembre de 2019 y no puede amparar de ninguna manera las nuevas obras que la autoridad portuaria afirma querer ejecutar próximamente.

Según la normativa que regula las evaluaciones ambientales (ley 21/2013) en la que se basa este informe, las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley (2013) perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que les son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta norma. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

La Comissió Ciutat-Port, junto a partidos como Podem, Esquerra Unida y Compromís, ha anunciado que emprenderá acciones legales si no se realiza una nueva DIA para evaluar las modificaciones que incluye el nuevo proyecto de ampliación.