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PSPV, Compromís y Unides Podem pactan aumentar “la contribución de las rentas altas” tras la reforma fiscal de Ximo Puig

El president de la Generalitat, Ximo Puig y su conseller de Hacienda, Arcadi España, en el debate de política general.

Laura Martínez

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Los partidos que conforman el Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Unides Podem) acuerdan incrementar la presión fiscal a las rentas más altas en la próxima revisión del sistema tributario. Los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno que preside Ximo Puig acordaron este martes, después de que el presidente socialista anunciara la reforma fiscal, una propuesta de resolución que matiza su contenido.

Haciendo hincapié en la progresividad del sistema fiscal, un discurso compartido por los tres partidos, los grupos parlamentarios han pactado una propuesta que insta al Consell de la Generalitat Valenciana a aumentar la contribución de las rentas altas al sistema público. En en discurso del martes, Puig mencionó una bajada de la presión para las rentas de hasta 60.000 euros, que se concentraría especialmente en las unidades familiares que no llegan a los 30.000 euros anuales, con lo que pretendía un “ahorro” de unos 150 millones de euros, de los que dos tercios se concentrarían en este tramo, a una media de 100 euros por contribuyente. Desde Hacienda y su gabinete se insistió en que las rentas por encima de los 60.000 euros no verían los efectos de la bajada del IRPF y tendría un efecto “neutro” en su tributación.

La resolución, tan vinculante como quieran que lo sea los grupos parlamentarios que a su vez tienen representación en el Gobierno, dice que se insta al Consell a “continuar mejorando la progresividad y redistribución del sistema tributario valenciano a través de una nueva reforma fiscal que beneficio a las familias con rentas medianas y bajas, y con más contribución de las rentas altas, para soportar la carga derivada de la situación inflacionista como consecuencia de los precios de la energía”.

La propuesta es lo bastante ambigua como para no desautorizar al presidente valenciano, pero incluye que, si se van a tocar los impuestos, se haga por ambos extremos para reequilibrar la merma de 150 millones de euros en las arcas públicas. Los socios acordaron en el último seminario de Gobierno que los presupuestos autonómicos continuarían expandiendo las políticas sociales y en Compromís y Unides Podem dudan sobre cómo hacerlo si se baja la recaudación. El equilibrio puede conseguirse con otros gravamenes a rentas altas, a sociedades o a patrimonio. “La propuesta no está cerrada”, sostienen Aitana Mas y Héctor Illueca, vicepresidenta primera y segundo de la Generalitat y líderes de Compromís y Unides Podem, respectivamente. A la par, sus portavoces parlamentarias reclamaban en el debate de política general una mejora en la distribución del esfuerzo fiscal. La propuesta se aprobará este jueves junto al resto de resoluciones en la última jornada del debate.

Una política “progresista y progresiva”

Al presidente valenciano le han llovido las críticas de sus socios de Gobierno, de la oposición y del Gobierno central. Unos por quedarse corto; otros por pasarse de frenada, unos por considerarlo una medida electoralista y otros por romper la coherencia del discurso de reforzar los servicios públicos -que se financian con impuestos-. No obstante, horas después de la sorpresa del socialista valenciano, otros dirigentes autonómicos hacían pública su intención de abordar una reforma similar, centrada en las clases medias y bajas, para compensar la inflación. Entre ellos, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Navarra.

Tanto Puig como su conseller de Hacienda, Arcadi España, defienden que se trata de una “política social”. “Es una política fiscal progresista y progresiva que nada tiene que ver con la que están haciendo en otras comunidades autónomas, donde suprimen impuestos como el de patrimonio y hacen reformas para beneficiar a los que más tienen”, apuntaba el conseller en un comunicado este miércoles. España, mano derecha de Puig, insiste en que el objetivo “siempre es garantizar unos servicios públicos de calidad y una cobertura adecuada para todas las familias con menos recursos, defendiendo la igualdad de oportunidades”.

Reformas fiscales previas

El Gobierno del Botánico acometió su gran reforma fiscal en los presupuestos diseñados en 2016, que entraron en vigor en 2017. El equipo dirigido entonces por Vicent Soler reajustó los tipos de IRPF para rebajar la presión a las rentas inferiores a los 53.000 euros. En los presupuestos de 2020, los tres partidos acordaron una nueva rebaja fiscal a las rentas bajas y la creación de nuevos tramos de IRPF para las rentas superiores a 140.000 y 175.000 euros, un gravamen a los patrimonios de más de 10 millones de euros y un aumento de la carga para los patrimonios superiores a medio millón de euros.

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