Rebelión de los médicos de vanguardia del Hospital La Fe contra la Conselleria de Sanidad por las jubilaciones forzosas

Una decena de responsables médicos del Hospital La Fe de València, centro referente en el Estado español, ha iniciado una rebelión contra la Conselleria de Sanidad. El motivo: una oleada de informes negativos para impedir que prorroguen su vida laboral, decisión que implica la jubilación forzosa de al menos una decena de profesionales de vanguardia, que se encuentran con plenas capacidades para continuar trabajando. Los facultativos, especialistas en ramas muy concretas de la medicina y directores de investigación, denuncian criterios arbitrarios y discriminación ideológica por parte del nuevo gerente del hospital, José Luis Poveda, lugarteniente del conseller del PP Marciano Gómez.

Hay cinco facultativos que ya se han despedido del Hospital y al menos otros cinco pendientes de que se estudien sus alegaciones después de un informe desfavorable que no les reconoce los méritos. Entre los que se han visto forzados a jubilarse están el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y también jefe de Hematología del centro, el doctor Guillermo Sanz -quien hizo el informe favorable a la excarcelación de Eduardo Zaplana por “humanidad y justicia”-, el ya exresponsable de cirugía pediátrica Juanjo Vila -uno de los tres profesionales en España especializado en trasplantes hepáticos infantiles- y otros responsables de servicios como Neurocirugía, Traumatología, Oncología o Anestesiología. Son profesionales a cargo de proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Sanidad, programas de excelencia europea o responsables que han puesto en marcha iniciativas de innovación. Profesionales de vanguardia que, de un día para otro, se ven en la calle.

Tras meses en la cuerda floja, los médicos han formado un colectivo de afectados, los sindicatos estudian una decena de casos de jubilaciones forzosas y algunos de los profesionales ya han acudido a los tribunales contra las resoluciones de Sanidad. Entre ellos, el mismo Sanz, que fue el primero en alzar la voz contra su retirada y de los primeros en caer, ya el pasado diciembre. También ha presentado una denuncia Vila, que públicamente se ha mostrado muy crítico con el gerente del hospital y la Conselleria de Sanidad. Es el médico que realizó el primer trasplante hepático infantil y ha sido durante 14 años presidente de la comisión nacional de la especialidad, responsable de su programa formativo.

Los profesionales consultados por elDiario.es censuran decisiones arbitrarias, creen que se trata de un asunto ideológico y una forma de apartar a los altos cargos que no son afines al gerente o al conseller. Algunos incluso van más allá y lo enmarcan en el proyecto de privatización de la sanidad valenciana, que ya inició Marciano Gómez cuando era alto cargo en el Gobierno de Eduardo Zaplana, y lamentan el desprestigio que supone para el Hospital y la pérdida de valor científico y sanitario. “Hasta nos han puesto un hospital privado junto a La Fe”, ironizan. Las fuentes sindicales también consideran que se trata de una forma de atemorizar a la plantilla y aseguran que los informes de la dirección médica no se corresponden con la realidad.

En un escrito público, el exresponsable de Cirugía Pediátrica expone: “Los usuarios de la sanidad pública valenciana deben saber que estos especialistas altamente capacitados jubilados forzosamente no son sustituidos por otros con su mismo nivel de capacitación, y que las plazas que ocupaban estos profesionales, o bien se amortizan o se transforman en otras más convenientes para la Gerencia. Todo lo cual, nos lleva a la triste conclusión de que la jubilación de profesionales cualificados en la Fe no es una medida sanitaria destinada a mejorar la calidad del servicio valenciano público de salud, sino una medida política cuyo resultado previsible es justamente lo contrario”. El especialista concluye que tras las decisiones del gerente, que ve incongruentes, “se esconde una política dirigida a ralentizar la actividad asistencial del hospital público más importante de la comunidad, mermando la calidad asistencial que desarrolla, aumentando las listas de espera y teniendo así la excusa perfecta para transferir competencias a la sanidad privada”.

Los informes desfavorables que emite la dirección médica, apuntan estas fuentes, ignoran aspectos clave en la petición de prórroga, como el rol que asumen los facultativos en el centro o sus méritos de investigación. Han sido objeto de alegaciones y media decena se encuentran en proceso de revisión. “Son profesionales que tienen un currículum excepcional, hacen investigación, lideran proyectos o tienen residentes a su cargo, y en los informes se ignora”, rechazan desde UGT. En el caso de Sanz, como publicó elDiario.es, “consta un informe desfavorable conjunto de la Gerencia y la Dirección Médica del Departamento donde se pone de manifiesto que, sin perjuicio de la consideración que merece su trayectoria profesional, tanto desde el punto de vista asistencial, como de investigador excelente, desde su designación como Director Científico del IISLAFE, no tiene encomendada actividad asistencial, más allá del control de algunos pacientes de su área de actividad, y de la atención a solicitudes de segunda opinión, por lo que su actividad en el servicio de Hematología y Hemoterapia puede asumirse por el resto de especialistas, manteniendo los niveles de calidad asistencial y de prestación de servicios requeridos, sin que el desempeño de sus funciones en el ámbito del citado Instituto justifiquen la excepcionalidad en la aplicación del artículo 26 del EM”. A la salida de Sanz le siguió un comunicado del instituto de investigación rechazando radicalmente la decisión de Sanidad.

El sindicato UGT recuerda además que las bolsas de empleo están vacías, falta personal médico en prácticamente todas las categorías, la legislación estatal incentiva la prolongación de la vida laboral de los profesionales sanitarios y en La Fe no se están realizando contratos de transición para que los veteranos puedan formar a las nuevas hornadas. “La conselleria podría estar cometiendo prevaricación administrativa en La Fe puesto que está denegando un derecho recogido en la legislación autonómica sin justificación”, subraya la sección sindical, que recuerda que el decreto de Sanidad recoge “garantizar la permanencia y el desarrollo del conocimiento experto, y su adecuada transmisión dentro de la organización sanitaria, con el consiguiente aprovechamiento de los valores aportados por la experiencia profesional del personal de mayor antigüedad”.