Memoria y deconstrucción

Han tenido que transcurrir cuarenta y siete años desde la muerte del dictador para que el pasado 21 de octubre entrase en vigor la Ley de Memoria Democrática, una ley imprescindible para la reparación de las víctimas del golpe militar del 36 y de la represión franquista, y también imprescindible para la dignidad democrática de la sociedad española. Casi medio siglo de “modélica Transición” que no hasta hoy no había sido capaz de denunciar y desvelar las atrocidades del régimen franquista y resarcir la marginación, el silencio y la memoria de sus víctimas. Una ley cuyo mérito es tan simple como proteger los valores de la democracia, y reparar la dignidad de quienes sufrieron cuatro décadas de represión totalitaria. Una ley que reconoce la labor sanadora de la memoria para el respeto en una sociedad plural.

La sociedad española ha sufrido a lo largo de su historia moderna la intransigencia religiosa instrumentalizada por tribunales inquisitoriales, el absolutismo monárquico represor de cualquier forma de liberalismo político, y todo ello obstaculizó la modernización social, el desarrollo científico-tecnológico, las culturas de vanguardia y los movimientos de emancipación. El golpe militar del 36 y el régimen franquista (1939-1978) -primero de inspiración fascista y después camuflado bajo el disfraz del “nacionalcatolicismo”- fue el último episodio de totalitarismo que ha vivido nuestra sociedad. Desde la constitución de 1978, la sociedad española tenía pendiente “un deber moral y de memoria con las personas que fueron silenciadas, perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad.” (Preámbulo de la Ley) La memoria, reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista es un acto ineludible para la democracia que ha tardado demasiado en producirse. El silenciamiento de las víctimas y los vencidos encierra dolor y humillación: la historia no puede construirse desde el olvido.

Como recuerda el Preámbulo de esta Ley, las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista habían sido condenadas en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (París, 17 de marzo de 2006), que reconoce que durante la dictadura franquista el sistema político autoritario reprimió sistemáticamente cualquier forma de oposición política provocando procesos judiciales ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias en campos de internamiento, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso el secuestro masivo de recién nacidos.

La ley de memoria democrática expresa un doble objetivo: por un lado, fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de quienes individual y colectivamente lucharon por la democracia, y, por otro lado, preservar la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista. El régimen franquista impuso desde la guerra una poderosa política de propaganda que criminalizaba en lo político y en lo religioso los ideales de libertad y republicanismo, deformados como desorden, revolución y algarabía, criminalizando política y judicialmente a los defensores del ideario laico y republicano. Sembrando el terror, el franquismo logró enmudecer a las víctimas convertidas en culpables. Además de los asesinatos y condenas a muerte o prisión en juicios sumarísimos amparados por una legislación militar sin garantías, propia de un estado de excepción, miles y miles de personas de bien se refugiaron en un doloroso y perverso silencio interior.

Mientras tanto, el régimen erigía monumentos conmemorativos, emblemas, estatuas y panteones por cualquier rincón del país y hacía uso de todos los medios de propaganda a su alcance para manipular a la sociedad ensalzando dios y patria, emblemas de la aniquilación de la República y sus valores de libertad. Se inscribieron los nombres de los «caídos» en las iglesias, se establecieron fechas conmemorativas y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas en honor a quienes protagonizaron el golpe de Estado contra la democracia republicana, a quienes lideraron los nuevos pilares de la dictadura y contribuyeron a la gloria del régimen franquista.

Más allá del silencio interior de los perdedores, de la autarquía ideológica y moral del régimen franquista, la retórica triunfalista del régimen no alcanzaba al resto del mundo y todos sabían lo que pasaba en España. Esa manipulación perversa de la memoria basada en la humillación de los vencidos construyó el proyecto memorial más insultante en el Valle de los Caídos inaugurado por el dictador el 1 de abril de 1959, para conmemorar el vigésimo aniversario de la «victoria». Esa expresión suprema de la memoria totalitaria del régimen ha sido corregida recientemente y sus restos exhumados. Ahora corresponde seguir en la senda de aflorar la otra memoria, la memoria democrática que se mantuvo viva y silenciada dentro y fuera de nuestras fronteras, en cada uno de los exiliados, en los combatientes antifascistas, en las organizaciones obreras y universitarias, en los círculos políticos y artísticos de la clandestinidad, en todos los que se opusieron a la dictadura desde tantos ámbitos. Construir la memoria democrática implica deshacer la gran mentira edificada por la memoria totalitaria del franquismo. Una labor colectiva y paciente, para que la ley -que en definitiva no es más que una norma escrita- sirva para avanzar en la recuperación de la dignidad de nuestro país y en los ideales del republicanismo. Y mientras avanzamos en la buena dirección, un saludo cordial: “Salud y República”.