Un año de catarsis política anticipa el final de la legislatura en Cantabria: liderazgos renovados y alianzas rotas

La politica cántabra ha cabalgado al galope en los últimos doce meses con el ruido de renovación de los liderazgos en PSOE y PRC -no son caras nuevas- y con el inesperado protagonismo de Miguel Ángel Revilla por la demanda que le puso el rey emérito y por el proceso de sucesión en un Partido Regionalista débil que todavía tiene la asignatura pendiente de renovar la Secretaría General después de 40 años. No ha esquivado notoriedad pese a que ha pasado a un segundo plano político en el ámbito local y dirige su actividad a televisiones nacionales y la promoción de sus libros por todo el país.

La presidenta María José Sáenz de Buruaga (PP) también ha sido demandada, en su caso por el número dos y secretario de Organización del PSOE cántabro, Agustín Molleda, porque calificó de “corrupción de libro” que lograse su plaza de funcionario y la de su hermana cuando era alcalde.

Doce meses después ya nada está en su sitio; excepto el rector de la UIMP, Carlos Andradas, que se despidió en verano pero aún no le han dado el relevo.

Buruaga -con una dilatada trayectoria política de 30 años- ya no gobierna en minoría con la misma comodidad que hasta ahora y por primera vez en la historia más reciente de Cantabria no ha conseguido que se aprueben los presupuestos. Pablo Zuloaga ya no está al frente del PSOE. Revilla, por primera vez desde la llegada de la democracia, ya no será el candidato de su partido a las próximas elecciones.

Vox empezó el año con uno de sus cuatro diputados en el Grupo Mixto, demandas de acoso laboral contra la portavoz y una trama de espionaje interno digna de una película.

En la Delegación de Gobierno también hubo un cambio de caras: el quinto en siete años- y la llegada del nuevo delegado, Pedro Casares, aceleró la marcha de la jefa superior de Policía en Cantabria. Antes también se había despedido el coronel de la Guardia Civil, Antonio Orantos, ascendido hacia otro destino, y pronto se renovará el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. José Luis López del Moral deja paso a un sucesor que podría ser el actual presidente de la Audiencia Provincial, José Arsuaga.

Renovación liderazgos políticos

La pérdida del poder -o de la esperanza de alcanzarlo, como en el caso de Vox- ha generado disputas internas por el liderazgo a los tres partidos de la oposición.

La catarsis política estalló en febrero con la agria disputa interna por el liderazgo del PSOE. Tras salir del Gobierno autonómico el partido entró en combustión con un sangriento proceso de primarias que enfrentó al actual secretario general, Pedro Casares, contra el anterior, Pablo Zuloaga, que acusaba la debilidad de haber pasado del confort de la Vicepresidencia al frío del baquillo de la oposición. Algunos de sus directores generales, como Zoraida Hijosa o Mario Iglesias, cambiaron de bando a tiempo tras perder sus cargos.

La pelea por el control del partido dejó una ajustada victoria de Casares que a los pocos meses renunció a su escaño en el Congreso de Madrid para ejercer como delegado de Gobierno en Cantabria, siguiendo los pasos de su predecesor, el propio Zuloaga, que también utilizó esta plataforma política a modo de trampolín para ganar visibilidad.

Por el camino hubo algunas víctimas colaterales, como la hasta entonces delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, afín al sector de Zuloaga, que mantiene una mayoría de adeptos entre los diputados de un grupo parlamentario -ahora liderado por Mario Iglesias- que, no obstante, funciona de acuerdo a las directrices del partido.

Recambio electoral en el PRC

La resaca de los resultados electorales de mayo de 2023 también ha tenido repercusión en el PRC. Por primera vez en su historia Revilla dio un paso atrás y se abrió un proceso de primarias para elegir a su sustituto como candidato a la Presidencia de Cantabria.

El formato elegido dejó fuera de juego a dos de los cuatro aspirantes -Guillermo Blanco y Javier López Estrada- y enfrentó al alcalde de Reocín, Pablo Diestro, con la ganadora, Paula Fernández. Una designación que, lejos de calmar las aspiraciones de relevo de un sector importante del partido, ha abierto una grieta de recelos y desconfianza entre algunos alcaldes que no ven con buenos ojos el nuevo liderazgo.

En cualquier caso, los regionalistas han marcado el paso de la política autonómica al negarse a apoyar los presupuestos de la comunidad para 2026. Por primera vez, el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ha pasado el mal trago de tener que prorrogar las cuentas al no encontrar apoyos.

Esta tensión desató una campaña de los populares contra la aspirante regionalista, Paula Fernández, y una OPA contra los alcaldes del PRC. El propio Roberto Media -el consejero de Fomento se encargó de meter cierta presión a los regidores prometiendo -o negando- obras en sus municipios.

Unos días antes de la comida de Navidad del partido, el histórico alcalde regionalista Paco Asón -46 años en la Alcaldía de Ribamontán al Mar- echó un órdago a Revilla, anunciando que había diez alcaldes dispuestos a irse del partido si el PRC no apoyaba los presupuestos del Gobierno del Partido Popular, que había estado presionando a los regidores.

Revilla acusó a Buruaga de “jugar sucio” y de “alentar el transfuguismo” de tiempos de Juan Hormaechea. Sin embargo, nadie más dio un paso al frente. Paco Asón se quedó solo, desautorizado por sus propios concejales que proclamaron en público su adhesión al partido. Probablemente, los alcaldes críticos no quieren irse del partido sino que Paula Fernández no lo lidere.

En estas circunstancias, Revilla sigue conduciendo el PRC. Ha levantado un pie del acelerador, pero con el otro sigue pisando el embrague. Todavía esta por ver si al PRC le irá mejor sin él. De momento, la trama de las carreteras -que tanto daño le hizo en vísperas electorales- se ha cerrado con un acuerdo judicial sin ninguna repercusión política. El Partido Popular, que tantas sospechas arrojó sobre el vínculo regionalista con la corrupción, ha preferido negociar y no llegar a juicio.

Aquella investigación en profundidad y la auditoría que prometieron se olvidó al poner un pie en Peña Herbosa. Es otra de las noticias del año junto con la decisión del Tribunal Supremo de expulsar de la carrera judicial de Luis Acayro Sánchez, el juez que luchó contra la corrupción urbanística en Castro Urdiales.

Análisis desde el Gobierno

El Gobierno de Buruaga se ha pasado el año devolviendo balones: hay muchos okupas y no hay masificación turistica. Repite ambas consignas como un mantra mientras solo se han acabado 30 de las 282 viviendas de alquiler asequible que prometió al principio de la legislatura, una cifra altamente modesta para la demanda.

Probablemente 2025 ha consolidado el cambio de discurso ciudadano sobre el triángulo turismo, urbanismo y vivienda. La calle alza la voz contra la masificación turística -tras episodios como el megabotellón en El Puntal- y en defensa del territorio, liderada por la formación política Cantabristas frente a la carretera Reinosa-Potes que pretende hacer el Gobierno. “Ya está bien de hacer el idiota”, espetó el consejero de Fomento, Roberto Media, en una de las frases del año.

Mientras los ciudadanos se quejan de exceso de turismo y de los precios del alquiler de la vivienda, el Gobierno sigue instalado en las mismas políticas de fomento del turismo, una liberalización del suelo del suelo rústico que alimenta el negocio de las viviendas turísticas y una tibieza extraordinaria a la hora de aplicar la normativa para regular pisos turisticos: sigue habiendo cinco inspectores para 8.000 alojamientos.

Cantabria lidera las subidas de precio de la vivienda mientras el Gobierno de Buruaga atribuye todos los males del mercado inmobiliario -es decir, el grave problema para encontrar casa que tienen los cántabros- a su particular concepto de 'okupación', un discurso del miedo que propaga de manera insistente.

La Ley de Vivienda que prepara se esfuerza preferentemente de defender los intereses de los propietarios, como el propio Gobierno predica, aunque reiteradamente las cifras desmienten su percepción del problema. En Cantabria apenas hay casos de ocupacion y normalmente están vinculados a viviendas abandonadas propiedad de bancos o fondos de inversión. La radiografía del sector indica que en los últimos diez años han bajado la morosidad y la ocupación.

La alternativa para el Partido Popular sería admitir que el mercado turístico influye determinantemente en el desaforado incremento de los alquileres. Como es abiertamente contrario a cualquier regulación prefiere dar subvenciones con dinero público al alquiler -para que los propietarios sigan haciendo caja con sus pisos- y plantear como solución que se construya más. Aunque la mitad de lo que se vende lo compren personas de fuera de Cantabria o grandes tenedores de pisos.

El consejero de Fomento, Roberto Media, se consolida como el hombre fuerte del Gobierno que marca el discurso político y acapara protagonismo y la escasa agenda mediática. Se ha labrado la fama de ser el que más trabaja en el Ejecutivo cántabro mientras la presidenta Buruaga no ejerce su función -autoatribuída- de portavoz del Gobierno y prácticamente solo confronta con Pedro Sánchez y sigue las consignas nacionales del PP.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, busca su cuota de protagonismo político con constantes escapadas a Bruselas a paticipar en foros que apenas tienen trascendencia en lo local.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, vive una crisis permanente por las sucesivas epidemias ganaderas mientras la Consejería de Educación es otro campo de batalla: Sergio Silva, no ha conseguido resolver el conflicto salarial con los docentes a lo largo de 2025.

Privatizaciones y colaboraciones público-privadas

Doce meses en los que se han despertado las alarmas por la decisión del consejero de Salud, César Pascual, de privatizar servicios sanitarios por 256 millones de euros para los próximos 16 años. Una fórmula de externalización cada vez más solicitada.

El Gobierno de Buruaga confía en lo privado para construir viviendas de alquiler social -el 'casero' será una empresa particular- y hasta para construir la carretera entre Requejada y Suances que también será un negocio privado: 8 kilómetros que costarán 187 millones de euros en otros 26 años de hipoteca.

Este año el Gobierno de Cantabria, en el área industrial que gestiona el consejero Eduardo Arasti -tras un opaco viaje a México al comienzo del año en busca de inversiones sin rédito alguno- se ha centrado en promocionar el proyecto privado de construcción del Centro de Datos Altamira. 3.600 millones de inversión que han chocado con la dificultad de que no hay energía eléctrica suficiente para ponerlo en marcha.

Los trenes siguen sin entrar en los túneles porque se retrasa su fabricación. El MUPAC, La Pasiega o la protonterapia siguen siendo aspiraciones ya casi históricas. El Gobierno ha pasado otro año prácticamente en blanco sin nada que vender, hasta el punto de que la presidenta Buruaga recurrió a felicitar la Navidad con una postal del skyline santanderino de los contenedores culturales: Archivo Lafuente, MUPAC y Faro Santander.

La expectativa de tantas infraestructuras culturales ni siquiera le está saliendo rentable a la propia alcaldesa de Santander. La mayoría absoluta se le ha hecho incomoda, más en la calle que en el Pleno. Aunque el portavoz regionalista pisa fuerte en las redes con grandes dosis de protagonismo de su ya popular #díseloaPiña.

Cada día hay más colectivos vecinales molestos en varios frentes: Puertochico, El Ensanche o Mataleñas, a cuenta de las basuras, las ratas, la turístificación, las terrazas y los horarios de la hostelería o la polémica instalación de un McDonald's en el mercado municipal. Hasta dentro de la casa consistorial los funcionarios protagonizaron una sonora pitada en la tradicional copa de Navidad.

Pero quizá una de las paradojas más insólitas es que hasta los vecinos de El Sardinero, donde las urnas siempre se tiñen de azul, se han organizado para protestar.