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“Con 241 euros no puedo contratar a nadie que cuide de mi madre”

Un centro de mayores, en una imagen de archivo.

E. García

El padre de Lola Gordillo murió en 2009 sin recibir un reconocimiento como dependiente. Tenía demencia. Ahora su madre, que padece Parkinson, sigue esperando el reconocimiento del grado que le corresponde para poder solicitar una plaza en una residencia. “Con un grado II de alta dependencia me dan 241 euros: no puedo contratar a nadie”, afirma Gordillo que denuncia que más de una década después de la muerte de su padre el sistema le sigue fallando. 

Durante este año de pandemia, hasta el mes de septiembre, han fallecido en España más de 35.000 personas, de las 384.149 que conforman la lista de espera de los Servicios y Prestaciones de la Atención a la Dependencia en España, según datos del Imserso, que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

En nuestro país, existen 1.346.369 de personas dependientes, en función de las estadísticas de EPdata hasta el mes de agosto. 874.977 son beneficiarias de los Grados  II y III (grandes y severos), de las cuales 780.296 reciben ya la prestación; y también hay 470.420 beneficiarias del Grado I, de las cuales 331.196 ya reciben su servicio.

Una lista de espera de más de diez años

Lola Gordillo pertenece a la unidad Taco Barranco Grande de la Asociación de Cuidadoras  ACUFADE y lleva décadas cuidando a sus padres. Solicitó la dependencia de ambos en 2009 y su padre, que tenía demencia, murió en 2012 sin recibir ninguna ayuda. Su madre aún tuvo que esperar hasta 2018 para lograr el grado II de alta dependencia.

En casi una década entera el estado de la madre a la que cuida a diario, que padece otras enfermedades además de Parkinson, ha ido empeorando. Motivo por el cual Lola Gordillo ha pedido varias revisiones de grado para que le reconozcan el III, que es el necesario además para que le concedan la plaza que le urge en una residencia. 

Sin embargo, le contestaron que no, que seguía teniendo el mismo grado y además se lo pusieron permanente, es decir, que no es revisable, pero no se rinde: “yo voy a seguir pidiendo el grado III y una plaza en una residencia, porque esta situación está afectando mucho a toda la familia”. Ya le ha advertido el enfermero de enlace entre el hospital y el centro de salud que la visita en su domicilio que “tardará en llegar la respuesta uno o dos años”. Sigue en el limbo. 

El limbo de la dependencia

La pregunta es cómo se encontrarán los 94.681 dependientes de los dos grados más graves y los 139.224 del grado ‘leve’ que están a la expectativa de recibir la ayuda a la dependencia, pese a que ya se les ha reconocido su derecho a la misma.

En total, hay en el limbo de la lista de espera 234.577 personas que ya tienen incluso proyectado su Programa Individual de Atención (PIA),  pero todavía siguen desatendidas, y 149.572 solicitantes que esperan la valoración (aceptación o denegación) de su grado de dependencia para, posteriormente, recibir el servicio que les corresponda, léase de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centro de Día o Residencia.

De todo lo cual se desprende “que el 3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”, según cifras de la Asociación de Directores y Gerentes de servicios sociales, cuyos expertos del Observatorio de la Dependencia analizan el estado y el gasto de la Ley  de Dependencia por comunidades autónomas y redactan un dictamen anual con sus conclusiones. 

El último, publicado en 2020, arrojaba que, a 31 de diciembre de 2019, había en España 159.193 personas pendientes de valoración, que, sumadas a las que están en el limbo esperando a que les den el servicio ya reconocido, alcanzan los 426.000 españoles atrapados en la maraña burocrática. Por ley, tendrían derecho a una plaza en una residencia pública o privada concertada, “o bien recibirían una cantidad económica que, junto a su pensión, sumaría lo suficiente para vivir y ser cuidado en una residencia privada elegida por ellos o sus familiares. Lamentablemente, no pueden disfrutar de ninguno de estos beneficios”, denuncia José Vicente Ortega, director de operaciones de Clece, empresa que ofrece servicios asistenciales a domicilio y en residencias.

Ante esta coyuntura, José Manuel Ramírez, presidente de los directores y gerentes de servicios sociales, decía con crudeza, en declaraciones a Europa Press, que “desde que empezó la covid, se ha reducido en 35.000 personas la lista de espera de atención a la dependencia porque se han muerto. La reducción de la lista de espera está en los cementerios". 

Es más, denuncia que 15.000 de las plazas que quedaron libres en centros residenciales no se han vuelto a otorgar ni siquiera a los dependientes de la lista de espera más graves, por si fueran pocas las 70.000 plazas que, a su juicio, faltan en residencias si España pretende llegar a la ratio de 5 por cada 100 mayores de 65 años que encomienda la Organización Mundial de la Salud. 

En la misma línea incide el director de operaciones de Clece, que apostilla que las residencias de mayores de este país tienen un 8% menos de usuarios que hace un año, porque no se han repuesto las bajas producidas en dicho periodo. “Han fallecido usuarios con plaza concertada (plaza pública en residencia privada) y las comunidades autónomas no las reponen, ni tampoco se reduce la lista de espera para el pago de  la prestación económica, por lo que no ingresan nuevos usuarios a residencias privadas al no poder pagar su precio”. 

Además, agrega Ortega, “en este momento, en las residencias tenemos plazas asignadas ya a determinados usuarios que no se están ocupando porque muchas administraciones no lo permiten, debido a la situación generada por la covid”.

La solución radica en incrementar la financiación

Para resolver la situación, la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales cree preciso adoptar medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables, desde modificar la ley para permitir la compatibilidad de las prestaciones hasta aumentar la financiación. 

Entre otras finalidades, la que apunta Ortega: “el sector de las residencias de mayores, generador de empleo de forma intensiva (más del 60% de sus costes son mano de obra directa), está sufriendo una crisis profunda”. Y considera una triste paradoja que esto ocurra a pesar de que muchos dependientes desean ser cuidados y atendidos en ellas por sus profesionales.

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Publicado el
27 de octubre de 2020 - 06:00 h

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